«La instrucción que practicó Torres fue de tipo fascistoide»

Durante la octava sesión del juicio por la trama de corrupción del Consistorio costasoleño, el abogado Primitivo de la Quintana advirtió a la sala que tutela el procedimiento de que se enfrenta a «un gran marrón», ante el que pidió «piedad y respeto a la Constitución, artículo por artículo».

El letrado arremetió además contra la «prensa del corazón», a la que responsabilizó de «haber montado un circo, junto a la Policía, en el papel de los hombres de Harrelson, y un juez que se dice jefe de la Policía». El abogado de la ex concejal de Marbella María José Lanzat, Hipólito Martín, advirtió a los miembros del tribunal de que una de las principales pruebas, relativa a la contabilidad que tutelaba el gerente de Urbanismo Juan Antonio Roca, pudo haberse alterado al estar cuatro meses sin custodia judicial.

El defensor relató que los archivos de la empresa Maras Asesores, donde aparecen anotaciones contables de presuntos cobros y pagos con iniciales que se asocian a algunos procesados, pudieron haber sido alterados y solicitó por ello una demostración práctica consistente en el visionado de las fechas de grabación y modificación del CDrom con dichas anotaciones con las iniciales H. M., J. C. L. y J. G., que corresponden a él mismo, el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López y el presidente de la sala, José Godino.

«Test de constitucionalidad»
Asimismo, se refirió a este trámite de cuestiones previas, que calificó de «test de constitucionalidad al proceso en su fase de instrucción» y consideró que es «una oportunidad jurisdiccional para corregir las importantísimas infracciones acaecidas con relevancia para los derechos fundamentales de los acusados»; además de suponer una ocasión para hacer «una limpieza mental y física», como ya dijo el letrado con anterioridad.

Por su parte, la defensa de la ex concejal socialista Belén Carmona añadió que «algo huele mal» en el procedimiento y quiso resaltar el hecho de que todos los abogados que participan en el proceso «hemos coincidido en que se vulneraron –durante la fase de instrucción– todos los derechos fundamentales».