«Aún existe riesgo de que vuelva a suceder otro error judicial así»

Dos años y medio después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sancionase al juez Rafael Tirado por no enviar a prisión a Santiago del Valle –supuesto asesino de Mari Luz–, pese a tener una condena pendiente por un delito de pederastia, el riesgo de que una situación similar vuelva a suceder en nuestro país no ha desaparecido completamente.

Recogida de firmas para pedir un aumento de las penas
Recogida de firmas para pedir un aumento de las penas

Según ha señalado a LA RAZÓN Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional, «todavía existe riesgo de que pueda producirse otro error judicial» como el que mantuvo en la calle al presunto asesino de Mari Luz. «El sistema no es infalible, por lo que hay que tratar de que esos riesgos no vengan de fallos sistémicos», señala. No obstante, el magistrado afirma que se han producido importantes cambios a raíz de este caso. Para López, éstos son la prueba de que se trató de «un fallo sistémico y no de un error puntual y aislado».

Los hechos se remontan al año 2002 cuando Del Valle fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, del que era en ese momento titular Tirado, a dos años y nueve meses de prisión por abusar de su hija menor. La Audiencia de Sevilla confirmó la sentencia en diciembre de 2005, pero finalmente no llegó a ejecutarse, por lo que el presunto homicida nunca llegó a ingresar en prisión. El 7 de marzo de 2008 aparecía el cadáver de Mari Luz Cortés y se destapaba el escándalo judicial. Tirado fue multado por el CGPJ con 1.500 euros por una falta grave y en mayo de 2009 era trasladado por petición propia al Juzgado de lo Contencioso número 3 de la capital hispalense. A pesar del endurecimiento de las penas para los delitos con víctimas menores de edad, «sería preciso que existiese un registro, una gran base de información judicial, de fácil acceso para todos los jueces, fiscales y policías, y donde estuviesen reflejadas todas las condenas y medidas cautelares», precisa López. A su juicio, «no basta con un registro de condenados por delitos sexuales, sino que éste debe extenderse a todo el ámbito penal».

Agustín Pérez-Cruz, catedrático de derecho procesal de la Universidad de La Coruña, afirma que el riesgo de que se repita este caso siempre puede existir. «Cuando hay miles de expedientes se puede dar una situación tan lamentable como esta», señala. Para él, se trata de un error puntual, y no de un fallo del sistema. «La justicia está en manos de hombres», apunta.