Grecia

El acuerdo con la UE y el FMI tumba a la coalición griega

El acuerdo con la UE y el FMI tumba a la coalición griega
El acuerdo con la UE y el FMI tumba a la coalición griegalarazon

Bruselas– Los recelos de la Unión Europea hacia el Gobierno griego de unión nacional se han demostrado totalmente fundados. Ni 24 horas aguantó el supuesto acuerdo logrado entre los tres partidos políticos sobre el paquete de ajuste para desbloquear el segundo rescate de ayuda internacional por valor de 130.000 millones de euros. Tan sólo unas horas después de que el Eurogrupo se plantara y exigiera a Grecia una votación parlamentaria sobre los recortes, detalles sobre el origen de 325 millones de euros y un compromiso por escrito de las fuerzas políticas, el partido ultraderechista Alerta Popular Ortodoxa (LAOS), tercer socio del Gobierno de Lucas Papademos, anunció que no votará el pacto alcanzado con la «troika» de donantes internacionales.

El líder de LAOS aseguró que aunque continúa «apoyando» al Gobierno, no está dispuesto a cumplir lo que el jueves mismo prometió. «No votaremos un plan de austeridad que humilla al país», afirmó Yorgos Karatzaferis, en nombre de los 16 diputados de su formación. «Decimos "no"a la dominación extranjera. Y decimos "sí"al diálogo», manifestó.

Aprobación nocturna
Tras sus palabras dimitieron el ministro de Transporte y cuatro viceministros, todos ellos del ultraderechista LAOS; además de la viceministra de Exteriores, del socialista PASOK.

Así, en solitario, socialistas y conservadores aprobaron casi de madrugada un texto con las exigencias de la «troika». La posición del LAOS por qué alterar el resultado final de la votación, que se celebrará mañana, pues la Cámara helena cuenta con 252 diputados. Sin embargo, las reticencias de algunos legisladores socialdemócratas y conservadores, también en el Gobierno, hacia los draconianos recortes confirman a los socios europeos la precaria fortaleza de los compromisos.

En esta situación, la Comisión Europea, a través de su portavoz de Economía, Amadeu Altafaj, volvió ayer a recordar que la UE y el FMI no están dispuestos a entregar ni un euro si no existe una certeza absoluta de que las medidas se van a tomar inmediata, e independientemente, del resultado de las elecciones de la próxima primavera. «Queremos compromisos claros, sin equívocos y sobre el papel para que no haya incertidumbres políticas ligadas a la campaña electoral», manifestó. En otras palabras, la Comisión quiere «seguridad jurídica total».

Después del ultimátum dado por el Eurogrupo a Grecia, la canciller alemana, Angela Merkel, ha subrayado que la Unión Europea persigue «la vía del menor daño» y se mostró determinada, pese a los problemas que surgen, a mantener su empeño de que el país heleno siga en la moneda única. En una reunión con parlamentarios afines, la canciller reconoció que una quiebra de Grecia traería consigo la amenaza de responsabilidades sobre riesgos que podrían resultar «incontrolables».

En la misma línea, su titular de Finanzas, el siempre estricto Wolfgang Schäuble, comentó a sus correligionarios que el plan para el rescate de Grecia que se intenta llevar a cabo es «la solución responsable», si bien reconoció que Atenas no cumple todavía todas las condiciones para beneficiarse del segundo paquete de ayudas.
Mientras tanto, la huelga general, que continúa hoy, volvió ayer a detener el país. Puertos, escuelas industrias, comercio y transportes quedaron paralizados.

 

La Policía griega amenaza al FMI y la UE
La Federación de Policías Griegos amenazó ayer con emitir órdenes de arresto contra representantes de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por exigir a Grecia duras medidas de austeridad. El sindicato policial acusó por carta a esos representantes de «chantajear y abolir o socavar de forma encubierta la democracia y la soberanía nacional» y precisó que uno de los afectados por las órdenes de arresto sería el jefe de la misión del FMI para Grecia, Poul Thomsen. Aunque la amenaza es simbólica, pues esas detenciones requerirían la autorización de un juez, demuestra la animadversión de los griegos hacia los organismos prestamistas internacionales, que han obligado a Atenas a reducir drásticamente los sueldos de los funcionarios y las pensiones.