Sevilla

El «caso Invercaria» crece: la Fiscalía pide que se impute a cinco personas

Anticorrupción señala al ex presidente y a cuatro empresarios por presunta malversación

El presidente actual, Francisco Álvaro Julio, que sustituyó a Laura Gómiz
El presidente actual, Francisco Álvaro Julio, que sustituyó a Laura Gómizlarazon

SEVILLA- Mientras la Junta de Andalucía –con la permisividad de su socio de Gobierno, IU– mira para otro lado, la Fiscalía Anticorrupción avanza en su investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en la empresa pública de capital riesgo Invercaria. En un escrito dirigido al titular del juzgado de Instrucción 16 de Sevilla pide que se impute al ex presidente de la sociedad Tomás Pérez Sauquillo por un presunto delito de malversación de caudales públicos por las ayudas concedidas a la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA). Solicitud que hace extensiva por este mismo delito al presidente y consejero delegado de la empresa malagueña Novasoft, Francisco José Barrionuevo; al consejero de Innovaes Formas de Comunicación S.L. Juan Antonio Bardón Rafael; a Francisco Carlos Gallardo Hill, como representante de Grupo Imagen S.L., y a Antonio Nieto Garrido, empleado de Invercaria.

La sociedad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía era una de las que la Cámara de Cuentas fiscalizó en su informe que dio origen a la investigación judicial. El órgano de control detectó que la empresa tenía un capital social de 710.000 euros del que un 40 por ciento (284.000 euros) era propiedad de Invercaria. Además, la empresa pública le otorgó varios préstamos participativos: en junio de 2007, 150.000 euros; ese mismo año, otros 150.000 en septiembre; en octubre, 150.000, 66.000 en noviembre; y 200.000 euros en junio de 2008.
Detalla la Cámara de Cuentas que a estas cantidades había que añadirle «la aportación al capital de FIVA realizada por Invercaria por importe de 284.000 euros así como las transferencias, por importe de 124.219,82 € en el ejercicio 2009, que le realiza para que pague sus deudas». En la práctica, con dinero público, se le inyecta esa cantidad para que una empresa «del sector privado, pueda hacer frente a sus gastos corrientes, principalmente a gastos de personal y arrendamiento».

Y todo ello pese a que, como constató el órgano de control andaluz, «se ha podido comprobar que, a pesar de ser una feria virtual, no dispone de página Web, comunicándonos Invercaria que se encuentra inactiva desde finales de 2009. Además, según información suministrada por el Registro Mercantil, las últimas cuentas depositadas son las correspondientes al ejercicio 2007».

Entre el accionariado de FIVA se encuentran los tres empresarios a los que la Fiscalía Anticorrupción les imputa un presunto delito de malversación de fondos públicos.
Se trata del primer paso concreto que da el Ministerio Público tras analizar la documentación de una de las empresas investigadas. La cifra podría aumentar en próximas fechas porque el juez instructor ya atendió una petición de la Fiscalía para recabar nueva información de 34 sociedades relacionadas con la empresa de capital riesgo dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Empleo.