Prohibido quedarse fuera del juego nacionalista

La apuesta de la Generalitat por las selecciones deportivas catalanas no es nueva. En 1988, la ley catalana del deporte recogía una iniciativa legislativa popular a favor de las selecciones propias. En 1999, el Parlament aprobaba otra ley –una evolución de la anterior– para fomentar la presencia de las selecciones catalanas en cualquier tipo de competición oficial. El Gobierno del PP la llevó al Tribunal Constitucional, que el pasado mayo sentenciaba que las selecciones deportivas catalanas podrán participar siempre y cuando «no se produzca la confluencia de sus intereses con los del deporte federado español en su conjunto». Todos lo interpretaron como un triunfo en un largo camino que está plagado de subvenciones. Cuando Josep Lluís Carod-Rovira dirigía la política deportiva de la Generalitat, la Plataforma ProSeleccions tenía una subvención anual de 1,2 millones de euros. La crisis llevó a Mas a reducir la partida, pero el candidato de CiU a la Generalitat dejó el lunes muy claro que su intención es potenciar las selecciones deportivas. La excepción fue el L'Hospitalet, cuyo presidente Miguel García (en la imagen) se niega a que el fútbol se convierta en un «instrumento político del independentismo».