UGT alerta de que la calidad asistencial disminuye por los recortes de la Junta

VALLADOLID- De «medidas restrictivas» e «impositivas» tachó la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos, Carmen Amez, las adoptadas por el Gobierno regional contra el funcionariado público en la Comunidad. Un incremento de dos horas y media a la semana, sin incremento de sueldo, que «ni genera puestos de trabajo, ni garantiza la sanidad pública. Es sólo demagogia», indicaba, momentos antes de participar en una asamblea informática con los trabajadores del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.
Por ello, no descartó próximas movilizaciones, incluso un «paro general» de la actividad del funcionariado público. «No se está vigilando la calidad asistencial, que está disminuyendo y, además va a haber más paro», indicaba Amez, quien cifraba en unas 12.000 personas, sin contrato fijo, las que se pueden quedar sin trabajo por este incremento de horas.
Amez señalaba que se han mantenido varias reuniones con representantes de la Junta, entre ellos el consejero de Sanidad, donde no ha habido oportunidad para el diálogo, sino que se ha dado un documento en el que se disponían las medidas adoptadas por la Junta.
También participaba en esta asamblea el responsable nacional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, quien presentaba la campaña puesta en marcha por el sindicato que, bajo el lema «Lo público por ti, lo público es para ti», busca defender al colectivo de empleados públicos y trasladar a la sociedad la importancia de sus servicios para garantizar una calidad indispensable en la sociedad del bienestar.

Interés en mantener la crisis
Lacuerda acusaba a los distintos Gobiernos de «tener un interés por mantener artificialmente la crisis» y que ni una sola de las medidas conocida, hasta la fecha «ayuda a contribuir a combatir los efectos más trágicos del desempleo». El representante sindical arguyó que, a este paso, la sociedad española está encaminada a crear una sanidad y educación para ricos y otra para pobres, y que la reducción de los 30.000 millones de euros prevista por el Gobierno incide de manera alarmante en el Estado de Bienestar.