La huelga pierde fuelle pese a la violencia de los piquetes galos

Ni la guerra de cifras, ni las altisonantes invectivas de oposición y sindicatos contra la reforma de las pensiones son ya la principal preocupación del Gobierno francés. La batalla del Ejecutivo no es numérica ni dialéctica, sino que se juega en otro terreno, el de la radicalización de la protesta, que se ha convertido, pese a que sus adversarios políticos los acusen de alimentar el clima de tensión, en el primero de sus desvelos

Sarkozy actuará contra la escasez de carburante en Francia
Sarkozy actuará contra la escasez de carburante en Francia

Tanto, que ayer el presidente francés, Nicolas Sarkozy, volvió a tomar la palabra para mostrar la misma firmeza que hasta ahora ha mantenido para no renunciar un ápice a la esencia de su proyecto: retrasar en dos años la edad legal jubilación, de los 60 a los 62. Con la misma contundencia prometió tomar medidas para «garantizar el orden público», alterado en los últimos días por violentos enfrentamientos entre estudiantes, individuos con afán de provocación y fuerzas del orden, y por un puñado de incidentes que ayer se saldaron en Lyon con importantes destrozos del mobiliario urbano y saqueo de comercios, mientras que en París una joven de quince años tuvo que ser hospitalizada tras la explosión de una moto junto a un cubo en llamas.

«En una democracia cualquiera puede expresarse, pero debe hacerlo sin violencia», afirmó Sarkozy horas antes de mantener por la tarde una reunión destinada a «desbloquear un cierto número de situaciones». Se refería al otro gran problema al que miles de franceses se ven confrontados desde hace varios días: llenar el depósito de gasolina. Es también la principal inquietud de la patronal, que advierte de las serias consecuencias que va a tener sobre la economía la falta de carburante. Ayer se estimaban en 2.500 las estaciones de servicio sin suministro de las casi trece mil que tiene el país, mientras que un total de cuatro mil esperaban ser reabastecidas, según el primer ministro, François Fillon, que denunció a quienes se arrogan el derecho de «secuestrar a un país entero» y presentó un plan de aprovisionamiento con el que se espera que la normalidad vuelva a las gasolineras del país en cuatro o cinco días.

Desde hace una semana, las autoridades recurren a la fuerza policial para abrir los depósitos de carburante bloqueados por los piquetes. Ayer, sólo una veintena permanecían cerrados, mientras que once de las doce refinerías continuaban en huelga indefinida, al igual que el transporte ferroviario desde hace una semana.

A esos paros se sumaron ayer otros sectores del servicio público en una nueva jornada nacional de huelgas y manifestaciones. La sexta y quizá última de esta magnitud: 3,5 millones de manifestantes, según los sindicatos; poco más de un millón, según la Policía, que observa un ligero descenso respecto a la convocatoria del pasado 12 de octubre.

La protesta sindical parece haber tocado techo y por eso se antoja difícil que, una vez aprobada la ley en el Senado a finales de esta semana, el frente contestatario se mantenga unido para seguir haciendo presión. De hecho, cada vez son más las centrales que se van descolgando y estiman ineficaz seguir con el pulso tras la luz verde del Parlamento. De ahí la importancia de la reunión de la intersindical esta semana, que podría certificar el cisma entre los líderes sindicales que aún ayer encabezaban la marcha de París, reclamaban al Gobierno la apertura de negociaciones y llamaban a los estudiantes «a la calma».