Impuestos
El Gobierno recauda 8500 millones con la lucha contra el fraude
Rajoy se fija el objetivo de convertirlo, «por justicia», en una práctica en desuso en España
MADRID- La recaudación en materia de lucha contra el fraude fiscal se eleva a cerca de casi 8.500 millones de euros hasta el mes de septiembre. Una cantidad que supera el objetivo fijado para todo el año por el Gobierno, ya que los Presupuestos Generales del Estado de 2012 prevén que se ingrese en este ejercicio 8.171,73 millones de euros por este concepto. En su momento, la Agencia Tributaria calificó de «ambiciosa» esa meta ante la previsión de que la actividad económica siguiera reduciéndose, pero lo cierto es que lo recaudado es un 18,7% más que lo recaudado en el mismo periodo de 2011. Elena Salgado se despidió en diciembre del pasado año del cargo de vicepresidenta económica anunciando que la Agencia Tributaria había recaudado en 2011 hasta 10.400 millones en actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
El nuevo plan de control del fraude fiscal, presentado en marzo, incluía, entre otras medidas, más de 1.436 inspecciones a artistas y deportistas, un 14 por ciento más que en 2011. Además, el Senado aprobó ayer el proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, que se empezará a aplicar de forma inmediata porque no tiene que volver al Congreso para ser refrendado. La norma reduce a 2.500 euros el límite para realizar pagos directos en efectivo a particulares y empresarios, obliga a todos los contribuyentes a declarar el capital y los bienes inmuebles en el extranjero y endurece las penas a los defraudadores.
La ley entrará en vigor en los próximos días, después de publicarse en el BOE, salvo el apartado de los pagos en efectivo, que se aplicará unas tres semanas más tarde, según informaron a Efe fuentes de Hacienda. Esta nueva norma se verá reforzada por la modificación del Código Penal, que prevé penas de prisión de hasta seis años por delito fiscal (antes eran cinco) y eleva la prescripción de las infracciones más graves de cinco a diez años.
Rajoy se reunió ayer en Moncloa con responsables de la Agencia Tributaria para analizar el impacto de las nuevas medidas implementadas. A la cita también asistieron la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Fue un acto con el que el Gobierno quería poner en valor su firmeza en la lucha en contra del fraude fiscal. «Quien no paga sus impuestos hace uso de unos servicios que le están pagando otros. Quien no contribuye está exigiendo un mayor esfuerzo a los demás», sentenció el jefe del Ejecutivo al cierre de la reunión y en una comparecencia sin preguntas.
Su Gobierno tiene la obligación –insistió el presidente– de hacer del fraude fiscal una «práctica en desuso» porque «es de justicia» y «porque este camino nos acerca al objetivo de crecer y crear empleo».
El Gobierno está empeñado en reforzar su campaña de concienciación contra la economía sumergida y el fraude fiscal. «Merma la riqueza de todos», enfatizó ayer el presidente. El 30 de noviembre concluye el proceso de regularización fiscal para aflorar rentas ocultas con un cargo del 10%. Después, el Ejecutivo promete ser muy duro con los defraudadores.
En su intervención Rajoy también insistió en subrayar el carácter social de los Presupuestos de 2013, como ya hizo esta semana en el Congreso el ministro de Hacienda. «Excluida la deuda pública, más del 63 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado irá a parar en 2013 a sufragar los gastos sociales. Y esto es la muestra más elocuente de cómo el Estado del Bienestar se sustenta en la solidaridad de todos», sentenció Rajoy, que elogió el trabajo de los inspectores de la Agencia Tributaria.
Pendientes de la amnistía fiscal
La recaudación de la lucha contra el fraude ya ha superado las previsiones de todo el año (ver gráfico), pero el resultado de la amnistía fiscal está en el aire. Los últimos datos publicados son de julio, y reflejan una recaudación de 51,89 millones de euros en dos meses. La previsión era aflorar 2.500 millones hasta el 30 de noviembre, día en que expira el plazo.
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