El organizador del 25-S: «Sólo convoqué a amistades»

Madrid- «No quiero hacer declaraciones, tengo que hablar con mi abogado de todo lo que ha pasado». Rafael-Óscar González Regueira, la única persona que comunicó a la Delegación del Gobierno en Madrid su intención de manifestarse con un grupo de «afines y amistades» el 25-S, no quiso profundizar ayer en su preocupación ante las posibles responsabilidades que ahora puedan recaer sobre él tras los actos violentos en los que derivó su solicitud. El mismo martes por la mañana, el hombre envió un escrito a la Delegación en el que venía a decir que la situación se le había ido de las manos y que él no podía «asumir toda la responsabilidad» de su petición. Asegura, según el documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que «sin saber por qué ni quién» ha dado «publicidad» a su solicitud, se ha terminado «atrayendo a una multitud que excede con mucho las posibilidades» con las que disponía y «siendo imposible», por tanto, «que con los medios con los que contamos podamos controlar a la multitud».

Por este motivo, González solicitaba «que me releven de todo deber de mantenimiento del orden y de seguridad» ante la masiva afluencia de gente que se esperaba para esa tarde. Sin embargo, puede que no sea tan intrigante cómo se ha filtrado su deseo de manifestarse ese día «con sus amistades». La resolución fue emitida el pasado 20 de septiembre y estuvo colgada en formato PDF en la web de la Coordinadora 25-S. Además, ha sido «utilizada» por algunos de los imputados por un delito contra las instituciones del Estado –mientras gestaban el plan de asalto al Congreso en el Parque del Retiro– de «parapeto legal». Aunque la Coordinadora y la plataforma En Pie!, los convocantes «oficiosos» del plan de rodear la Cámara Baja, siempre han hecho hincapié en desmarcarse de dicha comunicación realizada por un particular, sí han utilizado una copia de la notificación para respaldarse en que la convocatoria tenía base legal y estaba autorizada, según fuentes cercanas.

La institución dirigida por Cristina Cifuentes aseguró ayer a este diario que los servicios jurídicos están estudiando qué responsabilidades se le pueden aplicar ahora al solicitante. Y es que la Justicia puede exigirle alguna responsabilidad en base a los artículos 4 y 9 de la Ley Orgánica 9/83, reguladora del Derecho de Reunión. Unos artículos que al solicitante le fueron recordados en el escrito que le daba el «ok» para manifestarse. Concretamente, el punto 3 del artículo 4 dice que, «subsidiariamente, las personas (...) organizadoras o promotoras de reuniones o manifestaciones responderán de los daños que los participantes causen a terceros, sin perjuicio de que puedan repetir contra aquéllos, a menos que hayan puesto todos los medios razonables a su alcance para evitarlos».
 

Cifuentes: «Era un grupo de radicales muy violentos»
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, defendió ayer la actuación de la Policía en el 25-S, cuya intervención calificó de «proporcional» en la manifestación «Rodea el Congreso», donde dijo, que los agentes fueron objeto de «todo tipo de lanzamientos» con botellas, tornillos, cristales y «casi 300 kilos de piedras».La Policía se limitó a «repeler una agresión» y sobre todo, a defender el Estado de Derecho, impidiendo que los manifestantes entraran en el Congreso «y cometieran un delito tipificado en el Código Penal, que establece la inviolabilidad de las Cortes cuando está reunida en sesión», añadió Cifuentes, que explicó que si la UIP no hubiese actuado como lo hizo, «un grupo de radicales muy violentos» hubiera entrado en el Congreso, pues trataron de «abrir brechas» al cerco policial de la Cámara.