La Conferencia Episcopal presentó ayer la Memoria Justificativa de Actividades en la que se da cuenta minuciosa del empleo que hace la Iglesia del dinero que recibe voluntariamente de los contribuyentes, unos 252 millones de euros en 2008. No hay en España muchas organizaciones e instituciones capaces de realizar un ejercicio de transparencia, credibilidad y eficacia como éste de la Iglesia. En especial, es más que dudoso que los sindicatos y los partidos políticos puedan pasar limpiamente un examen así y den razón cabal del destino de las supermillonarias subvenciones que reciben del Estado. Frente al habitual oscurantismo que suele rodear las cuentas de multitud de asociaciones que viven casi exclusivamente del dinero público, la Iglesia da una lección de honradez y respeto hacia los ciudadanos, a los que sirve sin ánimo de lucro y asiste en sus necesidades. Los laicistas radicales, que han encontrado acomodo confortable y protección en el Gobierno socialista, suelen incitar a la confusión diciendo que la Iglesia vive a costa del Estado, lo cual es no sólo radicalmente falso; es, sobre todo, una burla a los ciudadanos. Con el sistema de financiación aprobado hace pocos años, son los contribuyentes los que deciden cuánto dinero se destina a la Iglesia, no el Gobierno ni el Estado. Si este sistema les parece muy ventajista a los laicistas y a la izquierda en general no tienen más que reclamarlo para sí, para sus partidos, para sus sindicatos o para sus asociaciones. De este modo, se comprobaría si también lograban que ocho millones y medio de contribuyentes marcaran su casilla en la declaración del IRPF, pues ésos fueron los que marcaron la de la Iglesia en el último ejercicio. Una vez puesto de relieve el impoluto método democrático en que se apoya su financiación, conviene que los ciudadanos sepan en qué emplea la Iglesia los fondos procedentes del IRPF. Para muchos será una sorpresa enterarse de que cada euro recibido rinde como dos veces y media en su servicio equivalente en el mercado. Si hubiera que calcular el dinero que se ahorra el Estado gracias a los múltiples servicios religiosos, culturales, sociales, asistenciales y educativos que presta la Iglesia, la cantidad rondaría los 30.000 millones de euros al año, es decir, lo mismo que todo el recorte del déficit previsto por el Gobierno hasta 2013. Sólo en educación, el ahorro supera los 4.000 millones, pues los 1,3 millones de alumnos que reciben enseñanza en los 6.000 colegios de la Iglesia le cuestan al Estado menos de la mitad que si lo hicieran en una escuela pública. Lo mismo cabe decir de Cáritas, Manos Unidas y toda la red asistencial que, con 4.500 quinientos centros, atendieron a 2,7 millones de personas, cifra que este año se ha quedado corta. Y otro tanto de su contribución al sector turístico mediante la promoción y custodia de su ingente patrimonio cultural, que es deficitario. Cifras y datos apabullantes que dejan en ridículo a los laicistas rampantes del Gobierno, cuya última ofensiva es inventarse una ley de «libertad religiosa» para asfixiar a la Iglesia, ponerle trabas a su actividad pública y recluirla en las sacristías. Además de sectarios, son ruinosos para la sociedad.