Máximo control a las comunidades

MADRID- Allí, Hacienda hablará con ellos de los nuevos ajustes para contener el déficit, por ejemplo en el sector empresarial público, y de las sanciones para quien se salte las reglas. Aunque también, de las necesidades financieras de los gobiernos regionales y de las posibles actuaciones para evitar que ninguno de ellos llegue a declararse en quiebra. El Gobierno sigue dando de comer a Bruselas y a los mercados con gestos que anuncian que avanza en su compromiso de austeridad. Pero en paralelo se le ha desbordado otro problema que se ha convertido en prioritario, el de la asfixia financiera de algunas comunidades, con Valencia como símbolo. La urgencia hará que esté en la agenda del cónclave convocado para el martes. Ayer, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que ampliará de cinco a diez años el plazo que tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos para devolver el dinero de los anticipos a cuenta que recibieron del Estado y que sólo en el caso de los Gobiernos regionales supone unos 24.000 millones de euros. Esta propuesta la defendió el PP en la oposición, informa Efe.

El informe analizado por el Consejo de Ministros incluye los techos de gasto y las sanciones económicas, que tendrán un baremo de tal modo que serán más altas para las comunidades reincidentes en desoír los compromisos presupuestarios y para aquellos incumplimientos más graves. La letra pequeña de esas sanciones se las reserva el Ejecutivo para guardar las formas ante el CPFF y evitar la rebelión preventiva de algunas autonomías.

De las directrices ya marcadas por el Gobierno destaca el golpe de mano contra la opacidad en el gasto territorial. Las comunidades y las grandes ciudades deberán aprobar un techo de gasto con carácter previo a la elaboración de sus presupuestos, y acompañar éstos con la información sobre sus necesidades de endeudamiento, las inversiones en las empresas públicas, los datos de evolución de la deuda pública, los avales otorgados y hasta las obligaciones no imputadas al presupuesto y los compromisos de gasto derivados de la utilización de fórmulas de pago aplazado. Hasta ahora sólo el Estado tenía que determinar la equivalencia entre su presupuesto y el déficit y el superávit en términos de contabilidad nacional. Y la ley ordena que esta exigencia afecte también a las demás administraciones.

Los controles incluyen, asimismo, la supervisión de la ejecución presupuestaria para activar mecanismos correctores de la misma y, de llegar el caso, las correspondientes sanciones. A partir del techo de gasto, cada comunidad autónoma lo distribuirá como considere oportuno, precisó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pero esa libertad no quita para que la nueva ley prevea una vigilancia en paralelo y actuaciones sin esperar al fin del ejercicio.

Los mecanismos correctores, según la vicepresidenta, podrían ser reducciones «mínimas y obligatorias», referenciadas al PIB en los presupuestos de las administraciones responsables. «Son mecanismos de corrección casi automáticos», explicó, en una intervención muy técnica y esquiva con valoraciones políticas que pudiesen servir de excusa para la sublevación de las comunidades, con las que el Gobierno abrirá el martes la negociación. De momento, el ministro de Economía, Luis de Guindos, sigue siendo el encargado de hacer de «poli malo», como exigen los mercados, mientras que Hacienda y también la vicepresidenta exhiben más moderación y vocación de pacto. La portavoz explicó que la Ley de Estabilidad tiene como objetivo garantizar que España responda como un solo Estado ante la Unión Europea.