Contra el paro por José Manuel Cansino

Ni aeropuertos sin aviones ni trenes sin pasajeros ni tranvías almacenados en cocheras tendríamos si tales vergonzantes y millonarias decisiones hubiesen dependido de una evaluación rigurosa y previa de su intensidad de uso.
Naturalmente ninguna evaluación previa es infalible pero, si es rigurosa, reduce acentuadamente el riesgo de dilapidar el dinero de todos y con ello mejora la valoración que los ciudadanos hacemos de nuestra Administración pública. Esto último es clave para que el fraude fiscal no se dispare.
Con las políticas activas de empleo orientadas a reducir el paro ocurre lo mismo. Absorben muchos recursos –en España un 0,86% del PIB en 2009 según la OCDE–, pero no abundan las evaluaciones que nos digan qué tipo de política es la más adecuada para afrontar un problema tan crucial como el tener a 5.778.100 españoles parados.
Dos estudios relativamente recientes para el conjunto de la Unión Europea arrojan resultados interesantes de los que España ha tomado nota pero sólo parcialmente.
Los estudios a los que me refiero son el de Jochen Kluve publicado por la reputada revista «Labour Economics» y el publicado por este mismo autor junto con David Card y Andrea Weber, en el no menos reputado «Economic Journal».
El conjunto de políticas activas de empleo analizado es muy comprehensivo e incluye a los tradicionales programas de formación –tanto en centros como en el propio puesto de trabajo–, los programas de incentivos para la contratación por las empresas privadas –a través de subsidios a los costes salariales o ayudas al autoempleo–, los programas de contratación directa por la Administración pública y los programas que financian las actividades de ayuda a la búsqueda de empleo –mediante servicios de empleo tanto privados como públicos–, que además incluyen mecanismos de sanción. Estas sanciones se aplican cuando, por ejemplo, el desempleado no acude a las entrevistas de trabajo o rechaza ofertas de empleo sin causa sustantiva.
Ambos estudios no siempre llegan a conclusiones similares, lo que pudiendo parecer desconcertarte no es científicamente novedoso en ciencias sociales como la Economía. Otra cosa es que socialmente se le siga atribuyendo a esta ciencia una infalibilidad que es palpable que no tiene.
Vayamos por partes.
A pesar de ser la política activa de empleo de más larga tradición y gozar de una buena acogida ciudadana, ambos estudios señalan que las políticas de formación no son, precisamente, las que mejores resultados arrojan a corto plazo para las personas que se benefician de ellas. Particularmente esos resultados son aún más débiles cuanto más recientes son las investigaciones. Esta cuestión no debe pasar por alto pues son las que se soportan en bases de datos más completas y utilizan las técnicas de evaluación más depuradas. Sin embargo, los resultados a más largo plazo, más de dos años después de terminar la formación, no son tan negativos.
Es importante ser riguroso aquí pues las investigaciones a las que nos referimos no afirman que los resultados de las políticas de formación sean malos a corto plazo y en términos de la empleabilidad post-programa del beneficiario, sino que la probabilidad de que esa empleabilidad mejore es mucho menor que en otros casos.
La cuestión clave es, por tanto, conocer cuáles son las políticas activas de empleo que mejores resultados arrojan. Naturalmente la cuestión es crucial no sólo porque contribuye a reducir la dramática cifra de parados sino también porque orienta al «decisor» político hacia dónde debe invertir la mayor parte de los dineros que todos ponemos en sus manos. Ambos estudios coinciden en señalar que el dinero invertido en los servicios de ayuda en la búsqueda de empleo está asociado a los mejores resultados. Esto ocurre tanto si los servicios son privados como si son públicos. Sin embargo, estas políticas activas de empleo resultan ser eficaces sólo si van acompañadas de mecanismos de sanción en forma, por ejemplo, de pérdida de la prestación por desempleo para las personas que no acudan a las entrevistas de trabajo que se les concierten a través de los servicios de empleo o rechacen inmotivadamente ofertas de trabajo.
Es en este sentido en el que han avanzado las últimas reformas laborales realizadas en España, lo que falta ahora es aumentar el presupuesto de los servicios de colocación; unos servicios de colocación que también han sucumbido a los excesos descentralizadores siendo ahora 17 los que coexisten en España.
Los estudios son claros a la hora de responder a la pregunta de cuáles son las políticas activas de empleo más eficaces y las que deben recibir, por tanto, los mayores recursos públicos: los servicios de colocación que incorporan mecanismos de sanción.
Por cierto que las políticas que peor efecto provocan sobre la empleabilidad de los beneficiarios son las que consisten en la contratación temporal de desempleados directamente por las administraciones públicas.
Lo que sí es claro es que la evaluación de políticas públicas es necesaria tanto para evitar construir aeropuertos sin aviones como para facilitar un empleo a quien quiere trabajar y no puede.