La UE vigilará las ayudas que conceda la Junta para evitar nuevos fraudes

En conversación con LA RAZÓN, el húngaro, al cargo de la hucha del Fondo Social Europeo (FSE), que incluye las partidas repartidas en Andalucía, dice que está al tanto del caso destapado, y añade que «la situación no puede seguir así». Por ello, el comisario propondrá en la regulación del FSE para las próximas perspectivas financieras, cuya discusión se abre tras el verano, «crear nuevos medios» que permitan actuar si los fondos no se gastan «apropiadamente».

La Guardia Civil avisó a la OLAF sobre los casos de fraude de las 5.870 empresas, que se calcula han estafado hasta 27 millones en ayudas. La agencia europea comunicó en noviembre a la Comisión la apertura de la investigación. El mes pasado, la Comisión volvió a solicitar información a las autoridades españolas, de las que todavía espera respuesta. A pesar de que sólo 23 empresas serán acusadas de delito, y las demás sólo serán castigadas con una sanción administrativa por la escasa cuantía, el fraude es más extenso de lo que se pensaba. Los protagonistas eran empresas que contrataban a trabajadores para beneficiarse de las ayudas al empleo, con cargo al 80% del FSE y 20% de la Junta. Poco después, los empleados eran despedidos, en ocasiones en sólo 15 días, sin que los inspectores de trabajo hubieran destapado las irregularidades. Para el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, la causa de la desaparición de las empresas tras recibir el dinero no es otra que la crisis, que les impidió cumplir la exigencia de permanecer en activo cuatro años.

De todas formas, Andor señala que «muy a menudo se ven casos en los que nuestro país es sospechoso de no haber gestionado bien las ayudas, con regiones como Baleares también en la mira. Sin llegar hasta el extremo del fraude andaluz, pero sin cumplimentar la escrupulosidad que exige la burocracia comunitaria, España ha visto cómo en la última década se le han bloqueado una gran cantidad de fondos, que algunas fuentes cifran en 4.000 millones.

Fondos congelados
Este dinero no supone que el Estado pierda fondos, sino que quedan congelados hasta que la Administración nacional complete todos los pasos del complejo papeleo de la UE. No obstante, miembros del equipo de Andor reconocen que España, como otros Estados miembros, «necesita mejorar bastante» la gestión europea de ayudas.

Para reforzar la lucha contra el fraude, la Comisión presentó la semana pasada cambios para relanzar la OLAF. Tras una década de vida y más de 4.500 casos a la espalda, quiere ampliar sus capacidades y el seguimiento de los casos. Para ello, la Comisión propone mejorar la cooperación entre la agencia y las autoridades competentes nacionales de los Estados miembros.