Dinero a cambio de paz social

MADRID- La entrada en vigor de la nueva reforma laboral puso en apuros a los sindicatos. Y no sólo porque, según ellos, fuera inconstitucional o vaya en contra de los derechos de los ciudadanos, como han criticado en más de una ocasión. También existe un trasfondo económico.

Las partidas destinadas a la formación profesional eran hasta ahora gestionadas en exclusividad por la Fundación Tripartita (UGT, CC OO y CEOE), pero, como método de ahorro, el Gobierno ha incluido en la reforma laboral que empresas privadas puedan gestionar también dicha formación, siempre que cuenten con el aval del Ejecutivo.

Esta modificación supone que una de las principales fuentes de financiación de sindicatos y patronal se tenga que repartir entre más demandantes.

En pleno proceso de preparación de la huelga general del pasado 29 de marzo, CC OO, UGT y CEOE mantenían reuniones alternativas a las oficiales con el Servicio Público Estatal –se negaron a asistir al Consejo General del Servicio Público de Empleo y del Fogasa– para negociar la cuantía de los fondos que se destinaría a formación, según ha podido saber LA RAZÓN.

En los encuentros, que tuvieron lugar los días 15 y 22 de marzo, los sindicatos usaban la paz social como moneda de cambio con el Gobierno para lograr sus objetivos: mantener el monopolio en la gestión de los fondos de formación para el empleo, que además iban a ser recortados.

En concreto, el presupuesto total destinado a esta partida en 2011 fue de 3.013 millones de euros, cuyo origen provenía tanto de las cuotas asignadas para ello, como de las ayudas del Fondo Social Europeo y del Servicio Público de Empleo Estatal. Sin embargo, los recortes de los presupuestos de 2012 suprimieron el 100% de las aportaciones de los dos últimos organismos y ha dejado como única financiación para la formación las cuotas, que el año pasado eran de 1.979 millones de euros y que se han reducido hasta los 1.890 millones.

Esa reducción en la financiación de la Fundación Tripartita hacía más tensas las negociaciones con el Gobierno y el desacuerdo caldeaba más a los agentes sociales para llamar a los ciudadanos a la huelga general.

El pasado 26 de abril había convocada otra reunión para poner fin a la «incertidumbre», pero fue suspendida. Los sindicatos amenazaban al Ejecutivo con que, si antes de finales de abril no se llegaba a un acuerdo sobre el monopolio de la cuantía para formación, volverían a lanzar a la gente a las calles. Y la cuestión continúa en el aire.

A falta de una cuota de 266,6 millones de euros, todavía sin asignar, los sindicatos han retomado las movilizaciones, y no parece que vayan a frenarse hasta lograr alguno de sus objetivos.

Pero si ya este asunto causaba tensión entre las partes, la resolución de una sentencia del Tribunal Supremo contra la fundación tripartita se sumó a los temas discutidos en esas reuniones.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el organismo judicial obliga a CEOE, UGT y CC OO a pagar 2,5 millones de euros más intereses legales –que pueden superar los tres millones de euros–. El fallo confirma que el tripartito malversó fondos públicos en el año 2004. Por tanto, el fallo supone otra razón para presionar al Gobierno con que les mantenga el monopolio de la asignación de la formación y utilizar esa cuantía de aval bancario y para pagar la «multa».

Las reuniones de la discordia
- Jueves 15 de marzo
Se celebra la primera reunión extraoficial entre el Servicio Público Estatal, UGT, CC OO y CEOE para tratar la cuantía de los fondos que se destinarán a la formación del empleo.
- Jueves 22 de marzo
Además de continuar barajando fórmulas para equilibrar la asignación, se trata como tema de fondo el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a la Fundación Tripartita a pagar 4 millones de euros por fondos mal gestionados en 2004. La cuantía de la condena la abonaría el tripartito a través de un crédito avalado por las futuras subvenciones para la formación del empleo que esperan recibir.
- Jueves 26 de abril
Había programada una reunión que finalmente fue desconvocada, por lo que todavía no se ha llegado a un consenso entre las partes. Todavía faltan por aplicar unas cuotas de 266,6 millones de euros.