La «tapadera» electoral etarra a juicio

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para nueve de los procesados –entre los que se encuentran la portavoz de D3M, Amparo de las Heras– una pena de nueve años de cárcel por integración en organización terrorista. Para los cuatro restantes –incluidos José Antonio Munduate y Xabier Isasa, presidente y secretario general de Askatasuna, respectivamente– el Ministerio Público solicita en su escrito de calificación provisional siete años de cárcel por colaboración con ETA.El departamento que dirige Javier Zaragoza afirma que su objetivo no era otro que «ejecutar la estrategia impuesta por la organización terrorista». En cuanto a Askatasuna, el fiscal recalca que, inscrito en agosto de 1998, su finalidad era «la continuación de la actividad delictiva del entramado institucional de ETA». Sus estatutos, sin ir más lejos, eran «prácticamente idénticos» a los de HB y Batasuna y llama la atención que su actividad política entre 2001 y 2009 fuese casi «irrelevante». Es entonces cuando, siguiendo la estrategia de ETA, «reanuda su actividad». Era, dice sin tapujos González Mota, «una "tapadera"u "opción B"de Batasuna y ETA».La agrupación electoral D3M era, añade, «un partido político de facto» con el que los terroristas querían obviar las consecuencias de la disolución de Batasuna, a la que se pretendía dar continuidad «de forma fraudulenta» con el objetivo de mantener su presencia en las instituciones.El fiscal también recuerda que de las 84 personas que integraban las candidaturas de la agrupación D3M, 82 tenían una «estrecha» relación con formaciones ilegalizadas o anuladas. Además, señala que los «liberados» de Batasuna que trabajaban en la sede de la entidad Gasteiz Izan Herri Ekimena, «sede operativa» de D3M en Vitoria, cobraban mensualmente 1.060 euros.Tres miembros de SEGI, en libertad bajo fianzaLa Audiencia Nacional acordó ayer la libertad bajo fianza de 18.000 euros de los presuntos miembros de SEGI Mikel Ayestarán, Bittor González y Xumai Matxain, detenidos el pasado noviembre en una macrooperación contra la cúpula de la organización juvenil abertzale ilegalizada por el Tribunal Supremo. La Sección Tercera de lo Penal ha adoptado esta decisión al no disponer de datos que apunten a «un avance efectivo de la instrucción» y teniendo en cuenta que el riesgo de fuga se ha mitigado por disponer todos de un «domicilio estable».