Editorial: Cospedal marca el camino

La reforma constitucional pactada por PP y PSOE sobre la estabilidad fiscal era imprescindible para evitar situaciones críticas como la de Castilla-La Mancha, después de años de gestión caótica e ineficiente de las administraciones socialistas. Con una regla de estabilidad presupuestaria que hubiera obligado a los gobernantes castellanomanchegos a un equilibrio presupuestario se habrían evitado los desmanes que han conducido a esa región a un callejón con la única salida del ajuste severo en las cuentas públicas.

La presidenta de la Comunidad y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, presentó ayer un plan de choque que supone el mayor recorte del gasto corriente de la historia del país en las cuentas para 2012. La propuesta es de una reducción del 20%, con un ahorro de 1.815 millones de euros en comparación con los Presupuestos de este año. El objetivo es intentar cumplir el déficit del 1,3% del PIB establecido por el Gobierno para las regiones.

La intensidad del plan está determinada por el enorme agujero económico que dejó el Gobierno socialista. Además de los 1.742 millones de euros en facturas sin pagar cuando la anterior administración sólo reconoció 700, en junio el desequilibrio contable era ya del 4,8% cuando el máximo fijado era el citado 1,3% para todo el año.

Ese balance de práctica quiebra exige sacrificios importantes y una cirugía de hierro en el gasto, porque no hacerlo conduciría al colapso de la administración. Cospedal trazó ayer un plan adecuado a las críticas circunstancias que cuenta con la ventaja de que las nuevas prioridades del gasto público garantizan unas prestaciones adecuadas en Sanidad, Educación y el resto de servicios sociales básicos. Todo ello a coste cero, porque no subirá los impuestos.

El plan incluye la venta de inmuebles sin uso y de otros que posteriormente la Junta alquilará, la venta de acciones en sociedades privadas, venta de vehículos de propiedad pública, eliminación de organismos que supongan duplicidad de competencias con el Estado como el Defensor del Pueblo o el Consejo Económico y Social de la Comunidad, desaparición de cerca del 90% de empresas públicas, privatización de la TV autonómica, reducción de 550 liberados sindicales, más horas lectivas para los profesores, supresión de subvenciones directas a sindicatos y patronales y suspensión temporal de obra nueva en infraestructuras, entre otras. Es una hoja de ruta posible, medida y, sobre todo, imprescindible, que otras administraciones del país tendrán que secundar más pronto que tarde con mayor o menor intensidad.

Cospedal ha demostrado hasta qué punto la gestión pública en este país había desbordado el cauce del sentido común y del rigor con los gobiernos de izquierda. La renuncia expresa a unas cuentas saneadas y a una ejecución presupuestaria disciplinada ha puesto en peligro la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos. La presidenta regional ha asumido su responsabilidad con la convicción de que la recuperación del equilibrio es la única forma de que la región se recupere de una etapa negra.