La Junta promete no subir impuestos y rechaza fórmulas como el copago

A preguntas de los periodistas, el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, volvió a ser tajante: «no habrá copago ni subidas de impuestos» por parte de la Junta de Castilla y León. Dos caballos de batalla a cuya grupa se han subido, sobre todo en la etapa preelectoral, los partidos de la oposición y las principales plataformas sindicales. Y que ya había tenido una meridiana respuesta, que ayer fue contundente.
Tomás Villanueva disipó cualquier duda sobre la posibilidad de cobrar a los contribuyentes a la hora de recibir prestaciones sociales, como las sanitarias, educativas o de servicios sociales. Algo que, por otra parte, ya se produce con las aportaciones a la Seguridad Social derivadas de cobros salariales y las declaraciones de actividad que todo trabajador y empresa lleva a cabo. Del mismo modo, Tomás Villanueva apeló a la creación de empleo para remontar una compleja situación por la que atraviesan todas las instituciones públicas en el momento actual.
«Empleo, actividad económica y buenos servicios sociales. Esa es la mejor política social», remarcó el consejero de Economía y Empleo, quien incidió en la capacidad de la Junta de Castilla y León de priorizar gastos, con el reto a cuestas de cumplir el objetivo de déficit impuesto por el Gobierno central para este ejercicio.
Aún así, destacó que los presupuestos de la Junta vienen demostrando en los últimos años esa implicación del Ejecutivo autonómico en la prestación de servicios sociales, donde dos de cada tres euros se dirigen a Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

El copago supone un «repago»
El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla y León, Agustín Prieto, defendió la sostenibilidad del modelo de Bienestar presente en Castilla y León y remarcó que «los trabajadores apostamos por lo público, porque somos sus usuarios». Al respecto, manifestó que «no firmaremos nada en lo que aparezca la palabra copago, porque eso sería repago; ya pagamos nuestros impuestos».
En ese contexto, Prieto imprimió la necesidad de impulsar más eficiencia y organización en determinadas políticas públicas, para después proponer una recaudación de más fondos, «sobre todo entre quienes más tienen, para sustentar los servicios públicos», apelando así a su vieja reivindicación de aplicar una mayor presión fiscal entre quienes tienen rentas superiores a 60.000 euros.
Fue más allá Prieto al argumentar que «si hace falta, intentaremos restar ayudas a empresas si hay que plantarse para que se presten los servicios sociales».
Por su parte, Ángel Hernández, líder autonómico de Comisiones Obreras, advirtió de que si no hay una revisión del modelo impositivo aplicado por la Junta de Castilla y León, «de algún otro sitio habrá que sacar el dinero», y recordó que ya se aplica el copago, por ejemplo en la adquisición de fármacos, o en la prestación de servicios asistenciales relacionados con la Dependencia.
Asimismo, remarcó que, mientras no se determine aplicar gravámenes más elevados entre quienes tienen más recursos, no debe ni siquiera plantearse el debate sobre el copago. «En tanto en cuanto ese recorrido no esté hecho, no cabe debate alguno sobre el copago», planteó.
Ángel Hernández lanzó, a renglón seguido, una pequeña advertencia a la patronal castellano y leonesa, aduciendo que «quiere que todos los ciudadanos paguen los mismos impuestos, mientras que los sindicatos, lo que deseamos es que paguen quienes tienen más».
Blindaje de servicios
Mientras, el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Jesús Terciado, se refirió a la necesidad de «blindar» los servicios públicos, tal como planteó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el debate de investidura, celebrado en las Cortes, el pasado mes de junio.
Al respecto, el presidente de la patronal castellano y leonesa señaló que, ante el descenso de la actividad económica, cabe buscar alternativas para garantizar la prestación de atención social, y manifestó que el copago constituye un elemento «disuasorio» para que la demanda ciudadana, por ejemplo en el ámbito de la Sanidad, se haga conforme a unos criterios de verdadera necesidad y pertinencia.
Para Jesús Terciado, también presidente de Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, el debate sobre el copago está encima de la mesa, y debe abordarse porque, dijo, «lo están tratando de una manera muy discreta los partidos políticos» en España, además de otros países de la órbita europea.

El Diálogo Social en Castilla y León cumple una década
Será el 9 de noviembre cuando el Diálogo Social cumpla diez años en Castilla y León. Una realidad, que no entelequia, que ha permitido desplegar, a partir de acuerdos entre gobierno, empresarios y sindicatos -lo que los teóricos llaman corporativismo político o neocorporativismo, según el autor- importantes pactos que han redundado en la calidad de vida de los castellanos y leoneses. Si bien, queda mucho por hacer. «Se ha convertido en un elemento fundamental en nuestra forma de gobernar», señalaba ayer el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva. Es más, el Diálogo Social, impulsado por el presidente Juan Vicente Herrera apenas medio año después de acceder al cargo, en un lejano 2001, es «seña de identidad» de la política de Castilla y León y ha sido papel de calco para otras autonomías, además de para la propia Administración del Estado, aunque con diferentes resultados y tonalidades. El pasado, presente y futuro del Diálogo Social protagonizarán una semana de actos, la comprendida entre el 7 y el 13 de noviembre. La efeméride, como señalaba el presidente de la Patronal, Jesús Terciado, merece que haya acuerdos. Más en estos momentos de asfixiante crisis.