Trato legal

La Mesa del Congreso rechazó la petición del Gobierno, y no habrá vía de urgencia para tramitar el «Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación». No han sido pocos, desde luego, los que han criticado el proyecto y han señalado sus gravísimas deficiencias: su ataque a la libertad, especialmente a la libertad de educación, castigando fiscalmente a las familias que quieren enviar a sus hijos a colegios que separan por sexo, y a la libertad de prensa, por su vocación inquisitorial sobre los medios de comunicación. Y hay mucho más: se condiciona la libertad de empresa y la propiedad privada, se promueve el poder sindical, se limita la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad, y se crea una «Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación», que recibirá denuncias y podrá imponer sanciones de hasta 40.000 euros. El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal alertaron sobre la indefinición con que se tipifican algunas infracciones y la inseguridad jurídica que ello comporta. Hubo un amplio consenso en lamentar que el proyecto puede aumentar la intrusión y el control del poder político sobre las vidas, haciendas y libertades ciudadanas. Pero el mayor escalofrío lo experimentará quien lea directamente este siniestro proyecto y comprenda que todos esos resultados liberticidas no son consecuencias no deseadas por los socialistas que lo han presentado.