Hacienda sancionará a los altos cargos que malgasten

MADRID- El Consejo de Ministros estudió ayer el informe de la Vicepresidencia del Gobierno con las aportaciones ciudadanas introducidas en el anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Ésta es una de las iniciativas en positivo que el Ejecutivo está poniendo más en valor, la «niña mimada», dentro de un programa condicionado por los ajustes y las medidas más impopulares. En el proceso de audiencia pública de este anteproyecto han participado casi 80.000 ciudadanos, que han enviado a Moncloa 3.700 observaciones.

La nueva ley, que será aprobada en el próximo periodo de sesiones, permitirá al Ministerio de Hacienda sancionar a todos los altos cargos de todas las Administraciones Públicas que incumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es decir, que malgasten los fondos públicos, dejen facturas en el cajón o no se ajusten a sus presupuestos.

La parte del Buen Gobierno entrará en vigor inmediatamente; mientras que lo hará un año después de su aprobación la parte de la ley que afecta a la Transparencia, ya que obliga a introducir aplicaciones informáticas en todas las Administraciones Públicas para abrir, por ejemplo, portales de comunicación con la ciudadanía, y eso exige un tiempo de adaptación. La Ley de Transparencia británica, que se considera modélica, tardó cinco años en aplicarse, según resaltó ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Sólo habrá una excepción para la citada tutela de Hacienda, la de los miembros del Gobierno, que quedan sometidos a la decisión del Consejo de Ministros. La sanción administrativa implica la pérdida del puesto de alto cargo en la Administración central, autonómica o municipal. También dejarán de tener derecho a las pensiones indemnizatorias y, si es el caso, quedarán obligados a restituir las cantidades indebidamente percibidas. La pena de la inhabilitación, entre cinco y diez años, dependerá de la decisión del juez, dentro de la reforma del Código Penal ya anunciada.

Según detalló la vicepresidenta, de las aportaciones ciudadanas el Gobierno ha aceptado la petición de que se incorporase a la obligación de suministrar información a los colegios profesionales y a los adjudicatarios de contratos públicos; la de reforzar la simplificación normativa; y la de establecer la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos menores.

La «calle» también ha intervenido para que se cree una nueva infracción grave por el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos y ha conseguido reforzar la independencia de la Agencia Estatal de Transparencia y Calidad de los Servicios mediante el mecanismo de que el nombramiento y las causas del cese de su presidente se equiparen a los de los organismos reguladores.

Por otra parte, Sáenz de Santamaría hizo hincapié en poner en valor el acuerdo del Gobierno con las comunidades autónomas sobre el déficit que se alcanzó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado jueves.