Castilla-La Mancha

Trabajo detecta fraude en un 25% de los parados investigados que reciben subsidios

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, manifestó ayer que, durante el último año, el Ministerio ha realizado 235.000 inspecciones sobre presuntos fraudes en el cobro de la prestación por desempleo, de los cuales el 25% ha tenido como resultado la privación de dicha compensación.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómezlarazon

Durante su intervención en el curso «España 2020» de la Universidad Complutense de Madrid, Gómez indicó que, desde una perspectiva personal, siempre ha mantenido que «los subsidios por prestación de desempleo tienen un volumen de uso estratégico y fraude determinado». «Lo que ha ocurrido en España», argumentó Gómez, «es que ha habido dos millones de personas que han perdido su empleo y el 80% de ellas tenía derecho a prestación por desempleo», considerando que debe ser una parte importante de su trabajo, pero no del «resultado final» de la labor del Ministerio, informa Ep.
Respecto a la consideración del presidente de la CEOE, Joan Rosell, de que para acabar con la crisis el Gobierno debe terminar con los funcionarios incompetentes, el ministro denunció cierta «subcultura» creada al abrigo de la concepción de los funcionarios como personas «que con poco compromiso tienen rabajo», y defendió el papel de los mismos, puesto que para la sociedad «muchos son muy valorados».
 Valeriano Gómez restó importancia al endeudamiento de las comunidades al «no ser comparable con el tamaño de la deuda pública del conjunto del Estado». El ministro apuntó que es un déficit «muy manejable». Sobre la deuda descubierta en Castilla-La Mancha (2.606,7 millones de euros), Gómez afirmó que sólo representa una décima del PIB, por lo que consideró que «todavía quedar margen de maniobra».

CC OO replica a Rosell
El coordinador del Área Pública de CC OO, Enrique Fossoul, ha enviado una carta al presidente de la CEOE, Juan Rosell, en la que le exige que «rectifique» sus declaraciones acerca de que se ha de penalizar a los funcionarios «prepotentes» e «incumplidores con su trabajo». En la misiva, Fossoul acusa a Rosell de ser un «frontal opositor al papel de lo público en su aportación a la construcción social».