Cuatro miembros del CAC cobraron 213665 euros al dejar el organismo

BARCELONA– Ser consejero del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) es un privilegio porque uno ingresa cada año unos 120.000 euros brutos. Y dejar de serlo también lo es porque uno se va cobrando el ciento por ciento de su sueldo durante los primeros seis meses y el 80 por ciento (y la totalidad de los complementos) durante los 18 meses siguientes al cese. Así ha ocurrido hasta hace bien poco, según ha podido constatar la Sindicatura de Cuentas en un informe correspondiente al ejercicio de 2010.

Según la Sindicatura, el CAC destinó en ese año un total de 213.665 euros a hacer frente a las indemnizaciones de cuatro ex consejeros. Y añade el siguiente agravio: «Estos importes contrastan con las asignaciones recibidas por los ex presidentes de la Generalitat (el 80 por ciento de las retribuciones durante dos años) o los ex consejeros de la Generalitat (aproximadamente el 23 por ciento de las retribuciones durante dos años)». En este punto cabe recordar que el sueldo actual del president es de 144.030 euros brutos y el de consejero, 108.576 (inferior al de consejero del CAC).

En defensa propia
Después de trascender el informe de la Sindicatura, el CAC quiso salir al pas para defenderse. El organismo aseguró a través de un comunicadao que, el pasado año, puso en marcha la revisión de las compensaciones económicas de sus miembros. En este sentido, según la nota, los miembros del Consell decidieron el pasado 19 de octubre reducir de 24 meses a 6 meses las compensaciones que reciben. Y es que el CAC se regula a sí mismo.

En el informe de la Sindicatura de Cuentas también hay referencia al interventor del CAC, en aquel momento Josep Maria Portabella. En el documento se denuncia que Portabella también era en aquel momento el interventor general de la Generalitat, cobrando una indemnización de 12.968 euros. Sin embargo, Portabella aseguró ayer a LA RAZÓN que «no hay ninguna incompatibilidad en mi labor en el CAC porque yo no ocupaba un puesto de trabajo. Eran funciones que alguien tenía que hacer y el interventor general de la Generalitat podía asumir esa gestión». Portabella quiso dejar claro que «renuncié a esa indemnización». En el citado comunicado del CAC, se afirma que el hecho de nombrar como interventor del Consell al interventor general del Govern «es correcto en el marco de un planteamiento de máxima eficacia y mínimo coste». Lo que no se aclara en ningún momento es si Portabella renunció a los 12.968 euros, ¿por qué aparecen registrados dentro de las indemnizaciones del CAC?
La entidad cuenta en la actualidad con una plantilla formada por 99 personas. El Consell tiene unos gastos de personal de algo más de 5,5 millones de euros, a los que hay que sumar 3,5 millones de euros en gastos de gestión.

Fuentes de la Sindicatura aseguraron ayer a LA RAZÓN que se han echado en falta documentos contables en la entidad en el CAC. Por eso, el documento pide una mayor transparencia en la cuentas. En este sentido, uno de los casos más llamativos se refiere a la nueva sede del Consell, en el distrito barcelonés de 22 @ en un edificio propiedad del Consorcio de la Zona Franca. El presupuesto de inversión era de 6,90 millones euros y un arrendamiento de 57.959. Sin embargo, ahora las cifras son de 8,43 millones de euros y 70.861.

Recomendaciones de gestión
sistema económico En su informe, la Sindicatura de Cuentas aconseja al CAC una mayor transparencia en sus cuentas. En este sentido, solicita que se registren las amortizaciones de activos fijos y las provisiones derivadas del cumplimento de los principios contables. Igualmente, la Sindicatura también ruega que se corrija y ajuste el saldo real de la tesorería, así como la deuda con las administraciones públicas.

Consejeros
La Sindicatura de Cuentas aconseja al CAC que se pueda preveer la posibilidad de revisar el sistema de indemnizaciones de los ex consejeros.

Cobro de sanciones
El CAC debería revisar también el circuito administrativo de los expedientes sancionadores y tomar las medidas necesarias para que no existan retrasos en los cobros de las sanciones, caducidades de los expedientes sancionadores y retrasos en las notificaciones de los acuerdos adoptados por el pleno en esta materia.

El interventor
Pese a las críticas por la duplicidad de funciones en el informe, en las recomendaciones no hay ninguna mención al caso del interventor.