Sanidad dejará de financiar 456 medicamentos

Madrid- El Ministerio de Sanidad ha elaborado un borrador con una lista de 456 medicamentos susceptibles de ser excluidos de la financiación pública, por los que el Sistema Nacional de Salud invirtió el año pasado 458 millones. Sobre este dato, el ahorro neto estimado de la medida superaría los 440 millones, ya que del dato anterior hay que excluir el importe abonado por el beneficiario. El documento será presentado esta tarde por la titular de Sanidad, Ana Mato, en el Consejo Interterritorial del ramo para su debate, lo que podría suponer la entrada o salida de la lista de algún fármaco.

La lista, que recoge fármacos de uso común para 18 dolencias de carácter leve, ha sido elaborada por la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, con las aportaciones de doce comunidades autónomas y cada grupo de fármacos ha sido propuesto al menos por tres comunidades. Una de las características comunes es que todos sirven para tratar síntomas menores, lo que permitirá mantener la capacidad de financiación de nuevas terapias indicadas en enfermedades graves invalidantes o de pronóstico fatal.

La exclusión de cualquier fármaco no supone que no pueda ser prescrito por un médico, sino que serán los pacientes los que tendrán que satisfacer la totalidad del precio de dispensación.

Tratamientos leves
Así, los principios activos excluidos –algunos de ellos adelantados por LA RAZÓN en su edición del pasado domingo– afectan a tratamientos del exceso de secreción gástrica, estreñimiento, deterioro cognitivo asociado a la edad, hemorroides, migrañas leves, varices, dermatitis del pañal, psoriasis, virosis tópicas o superficiales, tratamientos tópicos de inflamaciones de origen traumático, ansiedad leve, sequedad de las vías respiratorias superiores, tos, sequedad ocular, inflamación reumática leve, dislipenias leves y la congestión nasal asociada a la gripe y al resfriado.

La medida no afectará a los analgésicos y al tratamiento del colesterol (estatinas), a pesar de que en los últimos días se haya barajado esta posibilidad. El último comentario en este sentido se produjo en la mañana de ayer, cuando el secretario de Estado de Igualdad y Seguridad Social, José Manuel Moreno, afirmaba en una entrevista en «Los Desayunos de TVE» que medicamentos «como el paracetamol» serán costeados por los pacientes.

La medida no ha sido bien acogida por el colectivo médico, que ayer criticó la decisión y pidió la inclusión en el sistema de financiación de alternativas a los fármacos retirados. Carlos Amaya, vicepresidente de la Federación Europea de Médicos Asalariados, cree que la médida «no deja de ser un nuevo recorte» dentro de una «lista de medicamentos cuyo efecto terapéutico está demostrado», y que no se trata de un «cambio de estructura o de organización». Amaya «espera» que aquellos medicamentos que se han sacado de la lista del SNS gocen ahora de una «sustitución» a base de nuevos fármacos, pues «es necesario que haya una vía alternativa».

El representante médico recuerda que éste no es el primer «recorte» en lo que a medicamentos se refiere. «Ya hubo en las épocas de Felipe González y durante el primer Gobierno de Aznar», señala. Y en aquellos casos, también «incidía el tema de la crisis económica».

Amaya cree plausible que, al excluir los medicamentos de la lista, se produzca ese ahorro de 440 millones. No en vano, «el Ministerio de Sanidad accede al momento a la información de las farmacias: quién prescribe el medicamento, el nombre del paciente, etc».

Éste será uno de los puntos fuertes del Consejo Interterritorial de hoy, en el que hay fijados 30 temas en la agenda del día. Uno de los mayores puntos de desencuentro se producirá cuando se trate el copago farmacéutico que entra en vigor el próximo domingo y para el que las comunidades autónomas deben fijar un sistema para devolver a los pensionistas el dinero que gasten de más en la farmacia. El real decreto establece que deberán abonar el 10 por ciento del coste del fármaco con un tope máximo de ocho y 18 euros, en función de la renta de cada caso. Según dijo ayer el número 2 de Sanidad, la medida afectará a pocas personas, ya que el 83 por ciento de los jubilados no llega al tope de gasto mensual.

En cuanto a la devolución de las cantidades, Sanidad ha establecido un plazo máximo de seis meses para el reintegro –aunque se pretende bajar el tiempo a tres o cuatro meses–, que se realizará mediante una transferencia bancaria a la cuenta asociada en la que cada beneficiario cobre su pensión. De lo único que deben preocuparse los jubilados es de guardar los recibos de los fármacos adquiridos fuera de su comunidad autónoma porque si no, no se les reembolsarán las cantidades devengadas.

Discrepancias
En este punto, hay varias comunidades que se han declarado en rebeldía. Andalucía ya ha anunciado que los jubilados que lleguen al tope fijado según sus ingresos no tengan que pagar nada más. Por su parte, la Generalitat explicó ayer a través de Francesc Homs, portavoz del Govern, que asumirán el copago (que se une al del euro por receta) pero que buscarán las fórmulas necesarias para que las personas con menos recursos no tengan que avanzar dinero.

Por otra parte, otros puntos fundamentales del Consejo Interterritorial serán el acuerdo marco para la selección de suministradores de vacunas del calendario infantil, el informe sobre compras centralizadas, el informe sobre el real decreto de troncalidad y especialidades médicas y el proyecto de real decreto para la normalización del formato de la tarjeta sanitaria individual.