Consenso sindical: que no se investiguen los ERE en el Parlamento

Sevilla- Hace tiempo que UGT y CC OO instauraron la unidad de acción sindical para evitar discrepancias que restaran fuerza a su movimiento. Con el tiempo, esa unidad de acción se ha vuelto también unidad de pensamiento. Rara vez discrepan en algún asunto. Y el caso de los ERE tampoco es una excepción: ninguno de los dos sindicatos ve oportuna o necesaria la comisión de investigación sobre las prejubilaciones fraudulentas creada en el Parlamento de Andalucía.

En una entrevista con Europa Press, el secretario general de CC OO-A, Francisco Carbonero, señaló la cita parlamentaria «no va a tener ningún resultado práctico ni va a ofrecer mayor información sobre las responsabilidades e implicaciones que no sean llenar espacios mediáticos con titulares de unos contra otros». Además, aseguró que «deja mucho que desear» que «la primera opción» de la Cámara sea esta iniciativa.

Esa opinión es compartida por el secretario general de UGT-A Manuel Pastrana, aseguró que es «bastante lamentable» que el Parlamento andaluz se ocupe ahora de esta investigación teniendo en cuenta «la cantidad de parados que hay». A su juicio, la comisión «se puede quedar en el mero morbo del enfrentamiento político que sólo servirá para alejar aun más a los políticos del resto de los mortales».

Ambas centrales sindicales han defendido en varias ocasionesel sistema ideado por la Junta para pagar prejubilaciones. Según Pastrana, «los ERE han sido un instrumento fundamental para resolver el problema de mas de 20.000 trabajadores tirados en la calle por sus empresas y han servido para que varios cientos de empresas puedan salir adelante».

La participación de CC OO y UGT en la «trama de los ERE» está siendo investigada por la juez Mercedes Alaya. Según la instrucción, ambos habrían recibido dinero en algunos ERE por asesoramiento. El sindicato que dirige Carbonero en Andalucía aparece como tomador de alguna póliza de rentas financiados con fondos del Presupuesto autonómico. alaya también analiza algunos pagos de la Junta a UGT, organización que está personada en la causa como acusación particular.