Familiares de víctimas del «Yak-42» claman contra los indultos

 En un comunicado, Miguel Ángel Sencianes, presidente de la Asociación de familiares de víctimas del «Yak-42», muestran su «más absoluta repulsa e indignación ante esta decisión», adelantada ayer por LA RAZÓN. Según esta asociación, «no es de extrañar» que la misma Sala que «fue incapaz de relacionar a la cúpula del anterior Ministerio de Defensa» con las identificaciones falsas «ahora aprecie rebajas por considerar que no hubo mala voluntad en los que cometieron delito ocultando, falseando, omitiendo y torturando en el tiempo la mentira a los familiares desesperados».

En su resolución, la Sección Primera de la Sala de lo Penal apoya el indulto parcial (con el visto bueno de la Fiscalía) al entender «desproporcionados» los efectos del año de inhabilitación especial al que fueron condenados el comandante José Ramón Ramírez y el capitán Miguel Ángel Sáez (el principal condenado, el general de Sanidad Vicente Navarro, falleció en junio del pasado año sin llegar a ingresar en prisión por motivos de salud). Y es que la Ley de la Carrera Militar establece en su artículo 116 que la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público lleva aparejada la pérdida de la condición de militar de carrera, una expulsión de las Fuerzas Armadas que únicamente puede revertir el ministro de Defensa siempre que se cumpla la pena y a petición del afectado.

«Ocultaron una atrocidad»
Sencianes recuerda a los «familiares desesperados buscando los cuerpos de sus muertos durante dos años hasta su exhumación y final entierro digno», por lo que entiende que «no es de recibo hablar de buena fe de los condenados cuando nos ocultaron hasta seis años su atrocidad». La Audiencia Nacional argumenta en su informe, remitido al Ministerio de Justicia, que los condenados no tenían «intención de causar daño a los perjudicados, aunque éste se produjo». Además, resalta que en el delito cometido (falsedad en documento oficial cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones) «no se aprecia ningún móvil personal» y tampoco obtuvieron «beneficio o ventaja de tipo alguno».

«No podemos olvidar –continúa el comunicado– que sus manos tocaron los cadáveres de nuestros familiares, que vieron sus cuerpos calcinados y mutilados. Nunca olvidaremos que no aparecieron las alianzas de los nuestros y que hasta enterraron tres pies en un ataúd». «Seguro que vieron a las familias desesperadas en los medios de comunicación clamando Justicia, pero nunca dijeron la verdad, nunca pidieron perdón y nunca admitieron cuál fue su delito. ¿Cómo es posible entonces hablar de indulto cuando nunca buscaron la reparación del daño?», se preguntan indignados. La Asociación de familiares de víctimas del «Yak-42» confía en que el Gobierno, de forma «rápida y urgente sepa estar a la altura denegando el indulto a quienes perpetraron un delito que mancha la dignidad del funcionario público y que nos ha destrozado a muchos familiares, aumentado más el dolor que ya teníamos y con muy mala fe».