Gibraltar esa hermanita de la caridad

El litigio tripartito Gibraltar-Línea-Estado da para un análisis tamaño sábana, pero como en este recuadro apenas hay un puñado de líneas sería oportuno destacar dos ideas principales. La primera, que la decisión del Juzgado de suspender la señal de tráfico instalada por el Ayuntamiento linense por la que desviaba los camiones directamente a la carretera nacional, puede estar fundada y puede que, efectivamente, el Consistorio esté invadiendo competencias estatales y europeas. Sin embargo, el Gobierno sólo se ha atrevido a poner en marcha su aparato judicial contra un municipio que ha cometido una infracción minúscula comparada con los continuos balanceos chulescos de Gibraltar. ¿O es que ya nadie se acuerda de los rellenos que se están llevando a cabo en el Peñón a diestro y siniestro – quiero decir en la costa este para construir un lujoso proyecto de más de 2.000 viviendas y en la oeste, en la Bahía de Algeciras?–. ¿Es que nadie se ha enterado de que la Royal Navy ha llegado a probar sus armas de tiro contra una boya con la bandera de España y a detener a cuatro Guardias Civiles que seguían a unos narcos en una «persecución en caliente», excepción que permite franquear aguas fuera de jurisdicción? ¿Es que los barcos británicos no están repostando allí donde le sale de más allá saltándose las disposiciones de la UE? ¿Es que Gibraltar no lleva pisoteando el Tratado de Utrecht tres siglos, el tiempo exacto de su existencia? Al final va a resultar que Gibraltar, una lavadora a doble carga del dinero negro de media Europa, se ha transmutado de pronto en hermanita de la caridad.
La segunda idea concierne sólo al Consistorio linense y a su tasa de cinco euros que pretende instaurar para los vehículos que entren y salgan de la Roca y con la que estima recaudar 30 millones de euros. La raíz, a fin de cuentas, del enfrentamiento con el Gobierno. Habrá lágrimas, crujir de dientes, pero o un alto porcentaje de ayuntamientos comienza a darle la carta de despido a los enchufados que entraron a pacer en las arcas públicas o van a ser intervenidos. Un municipio como La Línea no puede tener 800 trabajadores porque «lo que no pué ser no pué ser y además es imposible». Ahora se podrán aplicar cataplasmas – llámense peajes o privatización del servicio de aguas–, pero ésta no es la solución. Y la solución está muy clara. Clarísima.