Las televisiones privadas rechazan la imposición de contenidos electorales

Las televisiones privadas, agrupadas en Uteca, mostraron ayer su confianza en que el Congreso de los Diputados dará finalmente marcha atrás en su primer proyecto de obligarles a incluir contenidos electorales al final de sus informativos, al igual que las cadenas públicas, pues sería «un atentado contra la libertad de información».

El polémico texto de la subcomisión parlamentaria, recogía que «durante los periodos electorales las emisoras de televisión privada deberán respetar asimismo los principios de pluralismo, igualdad, neutralidad informativa y proporcionalidad, quedando sometidos a las instrucciones que a tal efecto elabore la Junta Electoral Central para las televisiones públicas» lo que supondría «un atentado contra la libertad de información y el derecho de las empresas porque, aunque las televisiones privadas tengan una licencia para emitir, ninguna instancia oficial debe imponerles programación política alguna».

Sin embargo, el pasado miércoles, la Comisión Constitucional del Congreso acordó excluir de la votación de la resolución la propuesta de ampliar a las televisiones privadas generalistas los requisitos que la Junta Electoral Central aplica a las cadenas públicas en las campañas electorales «con el fin de realizar correcciones técnicas a la redacción inicial del informe». Estas correcciones, según confía Uteca, «irán en el único sentido en el que pueden ir en un Estado social y democrático de Derecho con sus correspondientes medios periodísticos de comunicación plurales y libres: el de la libertad de información para que éstos expresen sus ideas sin más freno que el que impone la Constitución en materia de derechos fundamentales».
Para Uteca, resulta «sorprendente» que nada más entrar en vigor la Ley General de la Comunicación Audiovisual, en la que, entre otros logros, la televisión privada ha dejado de ser un servicio público para pasar a considerarse un servicio de comunicación audiovisual», y que las concesiones por diez años son ya licencias por 15 años, «se quiera introducir ahora esta insólita obligación». Por eso la asociación confía en que en septiembre, cuando se redacte la proposición para modificar la Ley electoral, la totalidad de los grupos parlamentarios «sepa defender con buen juicio los pilares básicos de la prensa independiente en un Estado de Derecho».