El juez decidirá si Ramón cumple la libertad vigilada

Así, tanto el condenado como las partes se encuentran a la espera de la decisión del juez, que tiene cuatro días de plazo para resolver. De esta forma, Ramón, que ahora tiene 24 años, pasó ayer su primer día en la calle después de ocho años privado de libertad. Los primeros seis años los pasó en un centro de menores infractores de la Comunidad de Madrid –cuando cometió el crimen tenía 16 años, por lo que fue juzgado por la Ley del Menor– y, a los 22 años fue trasladado a un centro penitenciario convencional, donde ha pasado los últimos dos años. El compañero de fechorías del «Rafita» tenía que enfrentarse ahora a dos medidas de vigilancia».

Una, eran 18 meses de «régimen semiabierto» por un robo con fuerza que cometió antes del crimen de 2003 y, la otra, cinco años de libertad vigilada por el suceso de Sandra Palo. Sin embargo, el miércoles el fiscal de menores y el abogado de Ramón solicitaron al juez del menor que le impuso la pena, que revocara ambas medidas de vigilancia porque, al parecer, hay informes psicológicos que avalan que Ramón ya está «reinsertado». La anulación de estas medidas se pueden solicitar en aplicación del artículo 14.4 de la Ley que regula la Responsabilidad Penal del Menor. Este precepto legal prevé esta medida si los informes que dicta Prisiones son favorables en cuanto a su evolución y conducta.

Pero la noticia cayó ayer como un jarro de agua fría en la familia Palo, dado el precedente del «Rafita» que, con su rosario de detenciones incluso estando en libertad vigilada, atestigua que no está reinsertado. Aunque el abogado de la familia Palo, José Antonio Fernández, reconoce que no tiene porqué ocurrir lo mismo con este joven, recurrirán al organismo competente si finalmente el juez decide anular los cinco años de libertad vigilada que en un principio le habían impuesto. «Desde la Asociación Sandra Palo por la Defensa de las Libertades ya nos parecen penas muy bajas las que se imponen a estos menores criminales y, por tanto, nos parece peor que la rebajen aún más», explicó Fernández. «Debe haber cierto control temporal para vigilar su resocialización y comprobar que ha cambiado porque ya tenemos precedentes», recalcó.

Por su parte, Marimar Bermúdez, madre de la joven asesinada hace ya ocho años, se encontraba ayer en el hospital tras haber sufrido una crisis de ansiedad al conocer la noticia. «No se de dónde han sacado esos informes; a mí me dijeron en 2008 que tenía un alto nivel de reincidencia», comentó. «Nosotros seguimos en nuestra lucha, que es reformar la ley, y lo único que espero de los asesinos de mi hija es que cumplan su condena, no que se la rebajen».