Anticorrupción pide 30 años de cárcel para Roca como «jefe» de «Malaya»

Para los ex alcaldes de Marbella Yagüe y Muñoz el Ministerio Público solicita 20 y 10 años de prisión respectivamente.

El presunto cerebro de la trama de corrupción municipal en Marbella, Juan Antonio Roca, en sede judicial
El presunto cerebro de la trama de corrupción municipal en Marbella, Juan Antonio Roca, en sede judicial

MADRID- La Fiscalía Anticorrupción quiere ver entre rejas a Juan Antonio Roca, presunto cerebro del «caso Malaya», los próximos lustros. Ni más ni menos que 30 años de prisión es lo que solicita el Ministerio Público, además de una «módica» multa de 810,78 millones de euros. Esa operación contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) acabó con la disolución del Consistorio cuando Tomás Reñones era alcalde en funciones. En la causa se encuentran imputadas 95 personas. En la lista de los acusados figuran, entre otros, los ex alcaldes Marisol Yagüe y Julián Muñoz, para quienes el fiscal solicita 20 y 10 años de prisión, respectivamente. En el escrito de acusaciones alude a la existencia de una trama de corrupción municipal en el Ayuntamiento marbellí de la que Roca sería el «jefe», el cual logró «amasar en los últimos años un patrimonio muy importante, integrado por bienes y derechos de muy diversa índole, coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades municipales». Dicho patrimonio, asegura al respecto, «aparece diversificado en los distintos sectores de la actividad económica: agrícola, ganadero, en el sector inmobiliario, hotelero, hostelero y servicios». De hecho, Anticorrupción cifra en 240 millones de euros la cantidad de dinero que logró blanquear en 10 años.Esos negocios y propiedades fueron financiados al menos «parcialmente» con dinero obtenido de empresarios –que también están procesados en esta causa–, entregado «como contrapartida por la obtención de resoluciones e informes favorables a sus intereses, fundamentalmente en el campo urbanístico». Esos pagos se explican, asegura el fiscal, «por la especial posición de poder» que Roca ostentaba esos años en el Ayuntamiento marbellí. Para encubrir la titularidad de esos bienes, «ilícitamente obtenidos, y poder disfrutar de los mismos sin riesgo», Roca constituyó una verdadera «organización», que, «bajo su dirección», gestionaba y administraba su patrimonio, «como si de una empresa se tratara». Sólo en la compra de bienes inmuebles, la inversión efectuada en el periodo comprendido entre 1997 y 2005, según el precio declarado de adquisición, superó los 136 millones de euros, según señala el escrito de acusación. Roca adquirió además cuadros y otros objetos de arte por valor de 27 millones, poseía también una cuadra de caballos de pura raza con más de cien ejemplares valorada en 400.000 euros y una ganadería de toros bravos tasada en 120.000 euros.En cuanto a Julián Muñoz, la Fiscalía concluye que la «cantidad global» que percibió ascendió a 162.000 euros. Al margen de la década de cárcel, el Ministerio Público solicita para el ex alcalde marbellí 23 años de inhabilitación y una multa de 400.000 euros, por la comisión de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y cohecho pasivo.De otro lado, la Fiscalía pide para la ex concejal García Marcos, que fue primer teniente de alcalde del Ayuntamiento costasoleño, un total de 12 años de cárcel, 23 años de inhabilitación y una multa superior a los 700.000 euros, por malversación de caudales, prevaricación administrativa, cohecho pasivo y alteración del precio del concurso y subasta.

Claves de un proceso histórico- La «Operación Malaya» se inició el día 29 de marzo de 2006 con la detención tan sólo ese día de una veintena de personas. Este caso conllevó por primera vez en la democracia en España la disolución de un Ayuntamiento, en concreto el de Marbella, en abril de ese año.- El proceso, que engloba diversas investigaciones policiales que arrancaron en 2005, salpicó a políticos de varios partidos, empresarios, abogados y funcionarios, y generó un debate sobre la necesidad de un mayor control sobre el urbanismoen la comunidad.

- Entre los empresarios acusados por el Ministerio Público figuran los entonces responsables de CCF 21 Negocios Inmobiliarios, Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que se enfrentan a un total de 16 años de cárcel y 23 millones de multa cada uno por diversos delitos, entre ellos blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.- De «Malaya» han derivado varias causas como en la que se han visto implicados Julián Muñoz, Isabel Pantoja y Maite Zaldívar.