4200 millones

Madrid- No es fácil cuantificar con total exactitud el dinero defraudado en los casos de corrupción política, aunque desgranando los procesos abiertos más importantes puede hacerse una aproximación bastante cercana. Prácticamente, analizando casos como «Pretoria», «Andratx», «Gescartera» o «Malaya», en la primera década de este siglo podrían haberse sustraído cerca de 4.200 millones. Prácticamente la mitad de esta cantidad correspondería a la trama urbanística destapada en el Ayuntamiento de Marbella encabezada por Juan Antonio Roca.

Pero esos 4.200 millones robados tienen muchas lecturas. Así, por ejemplo, con ese dinero podrían construirse unos 700 kilómetros de autovías o casi un millar de colegios para 455 alumnos. En cifras más económicas, esos miles de millones representan el 0,41 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) o el 5,79 por ciento de lo recaudado a través del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Si nos centramos en dos palabras que con la crisis han sonado cada vez más –pensiones y prestaciones–, el dinero defraudado supone un 3,7 por ciento de lo que se invierte al año para pagar pensiones o el 13,64 de lo que se dedica anualmente a las prestaciones de desempleo. En definitiva, una cifra demasiado alta para que quienes la sustrajeron no queden impunes.