Cesan al ideólogo del «decreto de las agencias» para acallar a funcionarios

Sin embargo, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, negó que su relevo se deba a una «depuración de responsabilidades» por su gestión en este asunto, que tanto desgaste está causando al Gobierno andaluz.

«Todo lo contrario, el cambio responde a un nuevo escenario de impulso y desarrollo del decreto», explicó Moreno. Su sustituto es Manuel Alcaide Calderón, que hasta ahora ocupaba la dirección general de Recursos Humanos y Función Pública.

La decisión se ha tomado después de que en los últimos días varias plataformas de funcionarios hayan difundido un escrito denunciando supuestas irregularidades en la gestión de Ortiz Mallol, desde nombramientos «a dedo» hasta el traslado de trabajadores sin modificar la relación de puestos de trabajo, lo que motivó en su momento una querella en los juzgados. Estas actuaciones se habrían producido también en su época de viceconsejero de Justicia y Administración Pública, departamento que desapareció en la última reestructuración del Gobierno andaluz.

La portavoz de la Junta también negó vinculaciones entre ambos hechos y señaló que el cesado seguirá trabajando en la Consejería de Hacienda y Administración Pública en tareas relacionadas con «el impulso de los tribunales administrativos».

En declaraciones a Ep, CSIF-A y Ustea consideraron la medida «adecuada, afortunada, necesaria y oportuna», ya que en «multitud de ocasiones» Ortiz Mallol había demostrado «su incapacidad».

Pese a que estas dos centrales sindicales lo describieron como «el padre de la reordenación» que mezclará a funcionarios y trabajadores de las empresas públicas en agencias administrativas, UGT-A y CC OO-A señalaron que no había participado en las negociaciones para reformar el decreto. Este extremo demuestra que ya había perdido la confianza de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, cuando el pasado 29 de octubre firmó el acuerdo que introdujo leves cambios en el decreto-ley.

Pese a todo, las distintas plataformas de funcionarios y los sindicatos CSIF-A y Ustea seguirán con su calendario de movilizaciones y el próximo sábado lo harán en Sevilla para reclamar la retirada de esta ley.

En el mismo sentido se pronunciaron desde la oposición. El presidente del PP-A, Javier Arenas, relacionó el cese con «la nefasta política de función pública» y el portavoz adjunto de IULV-CA en el Parlamento, Pedro Vaquero, dijo que «no basta con cortar la cabeza del autor material».