La Junta resta relevancia a las irregularidades en los ERE de Mercasevilla

El objetivo del Gobierno andaluz de José Antonio Griñán es enfriar la «patata caliente» que comparte con el Ejecutivo municipal de Alfredo Sánchez Monteseirín a cuenta de Mercasevilla y sus expedientes de regulación de empleo. Para conseguirlo, su receta es la habitual: restar importancia a las irregularidades detectadas y dilatar sus soluciones, para que el tiempo devuelva a su cauce las turbulentas aguas del escándalo. Siguiendo estas máximas, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, consideró ayer un asunto menor que dos personas ajenas a esta sociedad mayoritariamente pública reciban 267.000 euros en virtud de las prejubilaciones que inspeccionó y autorizó la Consejería de Empleo.

A preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno andaluz, Moreno culpó al Partido Popular del revuelo desatado tras salir a la luz que un ex dirigente del PSOE de Jaén, Antonio Garrido Santoyo, que nunca trabajó en Mercasevilla fue incluido en el ERE de 2007 como perceptor de 112.000 euros hasta ahora, y que María del Carmen Fontela González pudo recibir otros 155.000 euros del proceso regulador de 2003 sin haber puesto un pie en el mercado central de abastos.

A pesar de la indignación del comité de empresa, de los prejubilados que llevan más de un año sin cobrar normalmente sus retribuciones y de la sociedad, que ha puesto este nuevo conflicto en manos de la juez Mercedes Alaya –instructora del «caso Mercasevilla» en sus tres vertientes: comisiones ilegales, venta del suelo y delitos societarios–, la responsable autonómica insistió en que es el PP quien «quiere hacer grande lo chico. Intenta hacer escándalos de cosas que no tienen el menor fundamento», espetó.

Sin fundamento
Mar Moreno subrayó que las irregularidades en los ERE no tienen relevancia para ser analizadas en una comisión de investigación parlamentaria. En su opinión, sólo tienen «fundamento» para emprender «una investigación como la que estamos llevando a cabo» a nivel interno en la Consejería de Empleo, con la idea de «que se produzcan denuncias ante un juzgado».

Para la consejera, las «dudas» que no pueda aclarar la Administración autonómica «las tendrán que esclarecer los jueces, que son quienes tienen los instrumentos para llegar al fondo de cualquier cuestión de esta naturaleza». Por lo demás, anunció que Empleo no estará hasta la próxima semana en condiciones de aportar alguna luz sobre en qué momento se incluyeron dos nombres ajenos a Mercasevilla en sus ERE –y con qué fin– para «colaborar con intensidad con la Justicia ante cualquier irregularidad que se pueda detectar».