Marchena se cierra en banda ante la juez que apunta a Monteseirín

Los cargos: alteración de precios, prevaricación, fraude y un delito contra la ordenación del territorio

Marchena plantó cara a la juez Alaya, que cuestionó su relación con el ex alcalde
Marchena plantó cara a la juez Alaya, que cuestionó su relación con el ex alcalde

SEVILLA- La tensión debió cortar el aire, según se desprende de la declaración, que se postergó hasta la caída de la noche. El ex gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, declaró –negó saber casi de nada sería más preciso– ayer ante la juez de Instrucción 6, Mercedes Alaya, por su presunta relación en la venta fraudulenta de los terrenos de Mercasevilla, por lo que se le imputan los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas; prevaricación; fraude y exacciones ilegales de funcionarios públicos; y un delito contra la ordenación del territorio. De la indagación de la magistrada se barrunta el cerco sobre la figura de Monteseirín.
Según el escrito de acusación, Marchena «se ofreció junto a Mellet, Ponce y Castaño a convencer a Larena para que aceptara la subrogación, dándole a entender que podían serle adjudicados concursos sobre VPO». Además, «sobre todo se encargó de procurar a Sanma el cumplimiento de sus objetivos para que se convirtiera en la gran mantenedora de Mercasevilla».
Marchena reconoció que se citó con Antonio Pardal, dueño de Larena, en la Gerencia «a las seis de la tarde» del 22 de junio de 2004. «Eso es lo único cierto», dijo, calificando «el 99%» como «falso». El ex gerente admitió que conocía que el entonces alcalde se había reunido con un promotor, pero nada más. Según el encartado, «ante la petición de suelo» de Pardal, «manifestó que diez días antes se había aprobado inicialmente el PGOU», que fue «analizado» por el empresario. Le dijo –declaró– que «era totalmente imposible que se le adjudicara» suelo «directamente» por Urbanismo y le instó a ir a concurso público. Marchena negó conocer que se le ofreciera «una ITV a dedo» o «la adjudicación del contrato de mantenimiento de Vía Pública» a cambio de los pagos a Mercasevilla o la subrogación.
La juez insistió en la relación de Marchena con el ex alcalde como «persona de confianza». El imputado reconoció su «amistad», pero negó que Monteseirín se interesara por la licencia de obras para Larena. Ante las reiteradas preguntas sobre los motivos por los que no se otorgaba licencia a Larena, con carencias evidentes en las instalaciones, Marchena contestó con evasivas, a veces con chulería, y reiteró que desconocía «los detalles de la incidencia».
Alaya llegó a preguntarle «si no se optó por ‘marear' el expediente con exigencias menores» para que «Larena no se desvinculara, al menos todavía, de Mercasevilla, pues la renta que tenía que abonar era muy importante para la subsistencia» del mercado «hasta que se consolidara la idea de la concesión de un derecho de opción de compra». «Entiendo que la pregunta es la conclusión de Su Señoría» y «sigo confiando en los técnicos y la imposibilidad de que mareen un expediente», respondió, añadiendo que «si hubiera conocido ese extremo, lo hubiera denunciado a esta titular si hubiera estado de guardia».
El ex gerente de Urbanismo rebatió ser el «inspirador» de la fórmula de la opción de compra y conocer el pliego de condiciones. Rechazó que Urbanismo enviara una propuesta de licencia favorable para Larena a Mercasevilla porque «sabía a través del alcalde» y otros de la denuncia de Pardal. Y negó que Monteseirín y Sanma acelerarán el traslado del Merca.