La Fiscalía investiga a los directivos de las cajas

MADRID- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, está dispuesto a investigar hasta el último detalle la gestión de las cajas de ahorros en los últimos años. Ya ha dado orden al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, para que se depuren «todo tipo de responsabilidades penales que pudieran derivarse» y se examine, entre otros asuntos, «si la percepción de determinadas cantidades indemnizatorias pudieran estar incursos en algún tipo delictivo». Así lo ha asegurado el fiscal general en una entrevista concedida a Ep en la que ha calificado de «varias y variadas» las investigaciones abiertas, algunas correspondientes a diligencias de investigación incoadas por Anticorrupción y otras ya judicializadas.

Torres-Dulce ha concretado que, entre los organismos investigados, no se encuentra «de momento» Bankia aunque «otra cosa es que pueda haberlo en el futuro» y que tampoco existe ninguna actuación dirigida contra el gobernador del Banco de España: «En este momento no existe ninguna investigación abierta sobre Bankia de la que yo tenga noticia, otra cosa es que pueda haberla en el futuro», ha concretado. «Si hay algo abierto por hechos anteriores no lo puedo decir, porque no conozco todas las causas abiertas por Anticorrupción, pero sobre el último tramo de actualidad de Bankia no».Torres-Dulce ha añadido que él es «muy beligerante» en todos los casos de corrupción y que lo seguirá siendo porque es un asunto que le preocupa «extraordinariamente». No obstante, ha declinado señalar asuntos concretos «por la debida reserva, porque están en diligencias de investigación». Añade que «se están investigando varios casos, los mismos en los que está pensando la ciudadanía».

Banco de España
«Lo único que tengo que pedir es que por parte de las autoridades bancarias, y sobre todo del Banco de España, se ofrezca la más completa colaboración para que podamos llevar con efectividad estas acciones que hemos emprendido», comenta Torres-Dulce, que ha insistido en la necesidad de que la documentación necesaria para que Anticorrupción realice su trabajo se transmita «con mayor presteza». «No se trata de falta de colaboración», según el fiscal general, que reclama celeridad para poder ejercer «un mayor ritmo investigador». El Ministerio Público comprende que se trata de investigaciones muy complejas, pero insiste en que es necesaria más rapidez en la respuesta a determinados tipos de procesos.

Hasta el momento, las diligencias abiertas abarcan posibles delitos de estafa, apropiación indebida o falsedad documental, de naturaleza societaria y fraude fiscal. «Es decir, todas aquellas actividades que de alguna forma han podido incidir en el campo del derecho penal», ha señalado Torres-Dulce. «Este campo, el penal, es relativamente restringido, luego habrá responsabilidades de tipo político, societario, contable, o tributario. Pero todas aquellas actividades que por parte de los consejos de administración, órganos de decisión o personas que puedan tomar decisiones hayan podido haber afectado al tráfico penal societario» se están investigando, según explica el fiscal general. Las diligencias responden a denuncias recibidas «o bien a documentación que se nos ha presentado y obliga a la investigación».

Fernández Ordóñez
Torres-Dulce ha señalado que lo que Anticorrupción no pretende es ejercer como inquisidor general. «No vamos a investigar todo lo que haya hecho la ‘Caja X', sino aquellos comportamientos que puedan tener una relevancia penal», ha concretado.

Respecto a una de las figuras más controvertidas de los últimos meses, el gobernador del Banco de España, muy critidado por su labor al frente de la entidad, el fiscal general quiere diferenciar claramente los dos aspectos que pueden distinguir su labor y su trabajo: «Sobre Fernández Ordóñez, que por otra parte me merece la mayor de las consideraciones, no hay ninguna investigación abierta. Lo que puede tratarse de defectos de gestión o de críticas con respecto a cómo se gobierna políticamente son decisiones que tendrán su juicio político o administrativo si hubiera algo, pero es que la incidencia penal es algo mucho más grave».

 

Las penas
Estafa
El artículo 250 del Código Penal castiga con una pena máxima de uno a seis años de cárcel los casos más graves en función del perjuicio económico causado.
Apropiación indebida
La pena máxima coincide con la prevista para la estafa para aquellos que «en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero» que hubiesen recibido en administración (artículo 252).
Falsedad documental
El Código Penal prevé, en su artículo 399 bis, una pena de multa de dos a cinco años cuando se impute el delito a una persona jurídica. Si es un particular, la pena oscila entre los tres y cinco años de cárcel (A rt. 392)
Delito societario
Pena de prisión de seis meses a cuatro años por disponer fraudulentamente de los bienes de la sociedad causando «un perjuicio económico evaluable a sus socios» (art. 295 del Código Penal). Se refiere expresamente a las Cajas de Ahorro y entidades financieras.
Fraude fiscal
La sanción prevista incluye de uno a cinco años de prisión siempre que la cuota defraudada exceda de los 120.000 euros (art. 305 del Código Penal).