Francia

La Fiscalía estudiará las críticas de Bildu a la detención de etarras

El ministro del Interior avisa a la coalición de que «ha atravesado la línea roja»

La Razón
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MADRID- Bildu sigue sumando indicios que comprometen su presencia política. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró ayer que estudiará las recientes declaraciones de la candidata de EH Bildu a lendakari, Laura Mintegi, quien cuestionó las detenciones de supuestos etarras llevadas a cabo en Francia en los últimos días. El fiscal general del Estado recordó que el Ministerio Público examina «día a día», con ayuda de los Cuerpos de Seguridad del Estado, «cualquier actividad que pudiera infringir la ley para extraer consecuencias», informa Efe.

Torres-Dulce valoraba de esta forma –durante la entrega en Madrid de los galardones anuales de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur)– las palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien aseguró que Bildu ha «atravesado una línea roja» con las declaraciones de Mintegi. El titular de Interior fue más allá y añadió que «el contador se ha puesto en marcha», por lo que la Fiscalía y la abogacía del Estado «deberían tomar nota» de esas declaraciones.

Mintegi aseguró tras las detenciones en Francia de los supuestos dirigentes etarras Izaskun Lesaka y Joseba Iturbide que el Gobierno «va por mal camino si arresta a etarras» y le reprochó que «no tiene ni idea de qué es un proceso de paz».

El ministro del Interior lamentó que Bildu haya «perdido una vez más» la «oportunidad» de condenar a ETA y de exigir a la banda terrorista «su disolución incondicional». Fernández Díaz recordó, además, que el Tribunal Constitucional fijó, en la sentencia en la que legalizó a Sortu, «una especie de decálogo de conductas» susceptibles de acarrear «un incidente de ilegalización sobrevenida». «Es un doble grave error el que ha cometido, perdiendo la oportunidad de exigir a ETA su disolución incondicional y, además, lamentando esas detenciones», declaró el ministro, que dejó en manos de Fiscalía y Abogacía del Estado las posibles medidas a adoptar.