El análisis Un disparate absoluto

¿Qué supone a nivel judicial la nueva ley de igualdad de trato?
–La norma establece la creación de la figura de un fiscal que persiga los incumplimientos de la ley y que reportará directamente al fiscal general del Estado, lo que deja en un segundo plano a los jueces. Además, estipula la existencia de organismos autonómicos con facultad plena para plantear denuncias y defender a los afectados. El problema con el que se van a encontrar los ciudadanos es que estas instituciones van a perseguir conductas prohibidas o sancionables que no están tipificadas, con el agravante de que impone la presunción de culpabilidad. Todo el mundo es culpable de infringir la ley de igualdad de trato hasta que se demuestre lo contrario.

Echando un vistazo al articulado, parece que no deja libre ningún ámbito...
–Supone una fiscalización absoluta de la vida privada de las personas. El Estado ha asumido una autoridad que no le corresponde. El grado de intervención es tal, que prohíbe pensar y opinar en contra de la norma. Además, pone al mismo nivel las creencias que las religiones, elimina de un plumazo los derechos de los no nacidos y permitirá el cierre de medios de comunicación o el secuestro de ediciones de periódicos, cuyas opiniones sean contrarias a la norma aprobada.

Intuyo que por lo anterior prevé un aumento de la litigiosidad.
–La primera consecuencia va a ser el aumento de denuncias y demandas, que van a saturar los juzgados. Las instituciones que velarán por el cumplimiento de la norma tendrán subvención estatal y van a crear una gran litigiosidad, que va a saturar el sistema todavía más. En conclusión, el planteamiento de la norma es un disparate absoluto.