Anticorrupción y las acusaciones piden el ingreso en prisión de Guerrero

Sevilla- Al tercer día, acabó la declaración en los juzgados del que fuera director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, pieza clave entre los más de cincuenta imputados que acumula el caso. Después de un maratoniano interrogatorio, uno de los más largos hasta ahora conocidos, ayer entró a los juzgados sobre las diez de la mañana y bien entrada la madrugada aún no había salido.

La Fiscalía Anticorrupción pidió su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza debido a factores como el riesgo de fuga, la gravedad de los hechos y para evitar el contacto con otros implicados. También le reclamó el pago en concepto de responsabilidad civil de 933 millones. La posible pena que podría corresponderle es de hasta 18 años de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos. El resto de acusaciones, incluida la Junta, también suscribieron la petición del Ministerio Público.

El tenor de sus argumentos durante estas tres jornadas ha sido el mismo que en sus dos anteriores comparecencias ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Guerrero ha intentado despojarse de responsabilidad y ha apuntado hacia arriba. Hacia los tres consejeros que han pasado por Empleo en sus nueve años (1999-2008) al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social –las referencias a José Antonio Viera fueron constantes, hasta «obsesivas», apuntó a este periódico una fuente presente en el interrogatorio–, e incluso hacia al ex presidente de la Junta, Manuel Chaves.

La jueza Alaya quiso anudar el hilván que se quedó suelto el día anterior, cuando Guerrero dijo que en la Junta le disparaban porque no es del «aparato» del partido. Le pidió la magistrada que pusiera nombres y apellidos. Y Guerrero citó a «Chaves, que dice que no me conoce de nada; a Moreno (Mar Moreno es la actual consejera de Presidencia de la Junta), que me pone a caer de un burro cada vez que puede; y a Viera, que va diciendo por ahí que soy un indeseable». Viera y Chaves «sabían y tenían que saber cómo se trabajaba allí», deslizó, recoge Ep, en referencia a la ausencia de procedimiento a la hora de otorgar el dinero para prejubilaciones y ayudas a empresas, ya que en algunos casos ni siquiera mediaba una solicitud. Hay que recordar que era ya Chaves presidente de la Junta cuando se firmó el convenio de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo –siendo responsable José Antonio Viera– y el Instituto de Fomento de Andalucía –con Antonio Fernández al frente– para vehicular el dinero opacamente y «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido», según alertó la Intervención en reiteradas ocasiones. Un modus operandi que originó que, como también reconoció Guerrero en su declaración ante la juez, sólo los allegados a la Junta, a la Consejería y a los sindicatos pudieran enterarse de la existencia de estas subvenciones. La partida 31L, un «fondo de reptiles» del que han fluido oficialmente 647 millones –pueden ascender hasta los mil millones– entre 2001 y 2010, la década que investiga la jueza Alaya.

Momento clave
Las referencias de Guerrero a Mar Moreno y a Chaves se produjeron sólo un día después de que éstos se pronunciaran públicamente. Chaves, repitiendo que «nunca» había hablado con el ex director general de Empleo; y Mar Moreno diciendo que lo que no le dijo nadie en la Junta es que metiera a su suegra, Victorina Madrid, como falsa prejubilada en un ERE. El Gobierno andaluz se apresuró a aclarar, a través de sus servicios jurídicos, que Moreno no llegó a coincidir con Guerrero y que éste no se refirió a ella como «conocedora» de lo que se hacía en la Dirección General de Trabajo.

Guerrero: «Me gusta el Marlboro y el gintonic de Beefeater»
Cuando el interrogatorio de 15 horas de la juez llegaba a su recta final y pese a preguntarle la magistrada por uno de los asuntos más polémicos, las risas tomaron la sala. Alaya le inquirió al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, si era alcohólico y si consumía cocaína. «Nunca he comprado cocaína». Lo que no ocultó fue su gusto por «el Marlboro y el gintonic de Beefeater». «Suelo tomar algún gintonic al día de postre y algún día otro por la tarde». Ni siquiera la juez Mercedes Alaya, siempre con el gesto contenido, pudo aguantar la risa. El telón de fondo son los 1,3 millones de euros que el ex chófer de Guerrero recibió de ayudas del «fondo de reptiles», parte de los cuales, dijo en un juzgado del municipio jiennense de Andújar, haber empleado en copas, fiestas y cocaína junto al que entonces era su jefe. Para el ex alto cargo de la Consejería de Empleo se trata de una «vendetta» personal, debido a que fue él mismo el que propuso que lo despidieran debido a incumplimientos laborales.