El PSOE aprueba el «decretazo» pero no acalla las protestas

«La murga de los currelantes», con la que Carlos Cano cantaba las ganas que había de que todo cambiara en Andalucía tras la dictadura, se convirtió ayer en la banda sonora del Pleno parlamentario que dio luz verde al denominado «decretazo».

Un momento de la movilización ante las puertas del Parlamento
Un momento de la movilización ante las puertas del Parlamento

Una canción que sonaba fuera del Parlamento, donde medio millar de funcionarios y empleados públicos querían que «todo cambie de verdad en Andalucía, como pasó después de Franco».

Mientras, en el interior de la Cámara, el PSOE daba el «sí» en solitario a la Ley de reordenación del sector público andaluz con la abstención de IULV-CA y el rechazo del PP. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, al término del debate, agradeció a todos los grupos políticos «el intenso trabajo» que han realizado durante la tramitación y destacó que Andalucía contará con una Administración más ágil, eficaz y eficiente que optimice al máximo los recursos.

Antes de sus palabras, desde las cuatro de la tarde, los funcionarios venidos de todas las provincias andaluzas corearon las consignas que se han venido escuchando desde que el Gobierno andaluz anunció su intención de suprimir 11 entes instrumentales dependientes de la Administración regional, para lograr un ahorro de 118 millones de euros, y la creación de más de una decena de agencias públicas. Esta movilización fue posible gracias a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) diera la razón a los sindicatos de funcionarios frente a la decisión de la subdelegación del Gobierno en Sevilla, que prohibía este acto así como los cortes de tráfico y hacer ruido. Con este respaldo judicial, CSIF-A, CGT-A, SAT, Ustea, USO, Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja), asociación sindical Piensa-Volens, Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta, Asociación El Tercer Lado y Plataforma de Enseñanza Pública de Andalucía se plantaron a las puertas del Parlamento para «denunciar que el enchufismo está detrás de esta remodelación».

En un primer momento, los manifestantes no pudieron impedir el paso de los vehículos, pero pasada una hora, lograron cortar la calzada ante la atenta mirada de una importante dotación política. En las pancartas que portaban se podían leer frases alusivas al modo con el que la Junta de Andalucía, según ellos, ha hecho oído sordos a sus reivindicaciones y a la manera en que esta nueva norma será «la tumba del Gobierno de Griñán» La temperatura de la movilización subió enteros cuando una furgoneta con dos grandes altavoces en el techo comenzó a lanzar consignas en clara alusión a la trama de los ERE irregulares. «Griñán, reptil, vete ya de aquí» corearon todos.

 Alicia Martos, presidenta del Sector de Administración Autonómica de CSIF, recalcó el carácter partidista que ha tenido toda la tramitación de la reforma e insistió en la necesidad de una Administración más justa e independiente al servicios de todos los ciudadanos. Por su parte, se entregaron en el Parlamento 28.000 firmas de funcionarios y empleados públicos en contra de la reforma y para pedir la derogación de la nueva legislación. Alfredo Pérez, presidente de Safja, dejó claro que no se van a dar por vencidos y que continuarán con las protestas.

El debate político mostró las diferencias existentes entre los grupos. Así, el parlamentario del PSOE-A, José Caballos, defendió la postura «constructiva, inteligente y responsable» que han mantenido UGT y CC OO a lo largo de la negociación, puso de manifiesto «la responsabilidad» de IU y lamentó la postura de «descalificación global» del resto de sindicatos. En cuanto a la posición del PP, Caballos criticó que ésta solamente busca «llegar al poder y arañar votos», pese a que el objetivo de la ley no es otro que el de «prestar los mismos servicios al contribuyente pero con un menor coste». Además, aconsejó a los populares que en el recurso que van a poner ante el Tribunal Constitucional incluyan que en Galicia, donde gobierna el PP, sí se «van a hacer funcionarios sin hacer oposiciones». La respuesta llegó por el popular Jorge Ramos Aznar, que recordó que el PSOE ha impuesto el «‘decretazo' mediante el ordeno y mando» y le reprochó que no hayan admitido ninguna de las 42 propuestas de su partido.

El diputado de IU Pedro Vaquero indicó que pese a haber negociado con el PSOE, no se pudo alcanzar un acuerdo fundamental, por lo que su formación no se puede sentir responsable de lo que se apruebe en el Parlamento.