Un drama que dura 22 años

 La tragedia comenzó el 3 de julio de 1989 en la Clínica Nuestra Señora de América de Madrid. Antonio Meño, un estudiante de Derecho de 20 años, decidió someterse a una rinoplastia que no era necesaria.

Según los médicos, la operación duró entre 20 y 25 minutos, pero se le aplicó anestesia para una hora. El joven fue extubado cuando todavía no respiraba de forma espontánea, le sobrevino un vómito y por su falta de reflejos lo tragó, provocándole un broncoespasmo que le dejó sin oxígeno. Como consecuencia, Antonio salió de quirófano en coma irreversible y, por lo tanto, dependiente de los demás para realizar cualquier cosa.

Desde ese momento sus padres, Antonio y Juana, denunciaron al anestesista Francisco González por negligencia médica y dejaron el caso en manos de la Justicia. Cuatro años después, la primera sentencia condenaba a la aseguradora del acusado a indemninzar a la familia Meño con algo más de un millón de euros por los daños causados. Pero el anestesista recurrió y tanto el Juzgado de Primera Instancia número once de Madrid, la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo le dieron la razón, negando que hubiese negligencia y fue absuelto.

Por si fuera poco, en el 2009 Juana y Antonio fueron condenados por el Supremo a pagar 400.000 euros por los costes judiciales, «uno de los momentos más difíciles de estos 22 años». Ante esta decisión, deciden «acampar» en la madrileña plaza de Jacinto Benavente, delante de una de las sedes del Ministerio de Justicia. Allí estuvieron viviendo en un «tenderete», junto a su hijo postrado en una cama. «Pasamos frío, calor, las navidades... de todo», explica Antonio.

Cuando parecía que todo estaba perdido apareció Ignacio Frade, un médico que estaba de prácticas en el quirófano donde fue operado Antonio y que fue testigo de la mala praxis del anestesista. Gracias a este testimonio, el Alto Tribunal decidió revisar el caso y anuló las sentencias anteriores. Por fin, tras 522 días en la calle, la familia Meño regresó a su casa y continuó con su batalla en defensa de su hijo Antonio.

Pese a las declaraciones de Frade, las seis aseguradoras de la clínica se negaban a pagar los 1,6 millones de euros que pedía el abogado de la familia, Gustavo Izquierdo.
Cinco meses más tarde tuvo lugar el primer acto de conciliación para intentar que ambas partes llegaran a un acuerdo económico, pero fue inútil.

Finalmente ayer, los Meño aceptaron la indemnización de 1.075.000 euros que les ofrecieron las aseguradoras, además de eximirles de pagar los gastos de los procedimientos judiciales. Un acuerdo que no convence a la familia «porque el anestesista, sigue ejerciendo como médico mientras mi hijo está en coma».

Los padres de Antonio sienten que han «vendido su dignidad» por no continuar su lucha en los tribunales, pero no se sienten con fuerzas, sobre todo porque se podría alargar otros diez años, «pero para entonces podríamos estar muertos y sus hermanos tendrían que asumir la carga económica que supone atenderle», afirma Juana. 22 años de litigios han terminado con un acuerdo «humillante» pero que garantiza los cuidados de Antonio para siempre.