El PP suma una amplía mayoría para aprobar la reforma laboral

MADRID-Ya lo dijo el presidente del Gobierno: no hay marcha atrás. Con o sin convocatoria de huelga general, con o sin pancartas en la calle, la reforma laboral aprobada por Decreto Ley el pasado 10 de febrero seguirá adelante. De hecho, ayer pasaba su primer trámite parlamentario con una amplísima mayoría del Congreso. La Cámara Baja convalidó el texto con el voto favorable de PP, CiU, UPN y FAC (197 diputados) y la oposición de PSOE, Izquierda Plural, PNV, UPyD y el resto del Grupo Mixto (142 diputados). Se abre ahora el plazo para la presentación de enmiendas puesto que el decreto se tramitará como proyecto de ley con carácter de urgencia. Los nacionalistas catalanes, que se decantaron finalmente por el sí a la reforma, ya tienen garantías del Gobierno para sacar adelante una corrección que disipe las posibles dudas competenciales sobre las políticas activas de empleo. Y los socialistas ya han anunciado, por su parte, un texto alternativo que se basará en el acuerdo alcanzado por los agentes sociales a finales de enero en relación con la moderación salarial y la negociación colectiva. En todo caso, el Gobierno ya ha avanzado que no modificará el eje central de la reforma.

Buena prueba de ello es la convicción con la que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, defendió el texto durante un intenso y acalorado debate en el que se cruzaron argumentos a favor y en contra sobre el nuevo marco de relaciones laborales, pero se sacaron a colación los EREs de Andalucía y la polémica sobre el aborto. El punto álgido estuvo, sin duda, en el careo entre la ministra y la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, momento en el que el presidente Jesús Posada tuvo que llamar la atención a sus señorías por el revuelo y apercibir a la socialista por pasarse del tiempo reglamentario.

Y es que Báñez desmontó con vehemencia las críticas de la izquierda y afirmó que, lejos de promover las decisiones unilaterales por parte del empresario y en detrimento de los trabajadores, la nueva ley es una garantía de la «negociación colectiva continua». Es más, añadió que todo el texto induce al diálogo «permanente y hasta el final» entre trabajadores y empresarios para encontrar las fórmulas más apropiadas que permitan mantener la actividad acomodándose a los cambios económicos y sin recurrir al método fácil del despido como forma de ajuste. Más empleabilidad, más estabilidad, más derechos, más formación y más conciliación son los objetivos que la ministra dijo perseguir con la nueva legislación, que promoverá, a su juicio, la «contratación indefinida» y que el despido «no sea fácil, sino con causa».

Fue subirse a la tribuna y al segundo la portavoz del PSOE tachó de «barbaridad» una reforma que, a su juicio, aumentará el paro, afirmación que apoyó con la previsión de aumento de aumento de desempleo que ha hecho el Gobierno en su cuadro macroeconómico para 2012 y que recoge un pronóstico de 630.000 desempleados más. Más allá del dato, Rodríguez defendió que la ley concede al empresario todo el poder unilateralmente, además de abaratar el despido improcedente en más de un 43 por ciento y «sacralizar el despido sin causa». Motivos todos ellos por los que, en su opinión, el texto bordea la Constitución y consigue un «perfecto desarme de la negociación colectiva».

Las palabras de Rodríguez cosecharon por igual entusiasmados aplausos de sus compañeros de partido y acaloradas protestas de la bancada popular. Posada tuvo que rogar a sus señorías que guardaran silencio para escuchar a las oradoras, tras admitir que se trataba de un debate «muy vivo».

El Rey, con los agentes sociales
El Rey concluyó ayer una ronda con representantes de la patronal y los sindicatos con el objetivo de informarse de primera mano sobre las reformas económicas en marcha y pulsar el estado del diálogo social. Don Juan Carlos recibió el martes en La Zarzuela al presidente de la CEOE, Juan Rosell; el miércoles con el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, y con el secretario general de UGT, Cándido Méndez; y ayer con el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo.