El Gobierno y Cataluña entierran las desavenencias del pasado

BARCELONA– La semana de Cataluña en Madrid empezó ayer con toda la predisposición del mundo, por parte del Gobierno, para responder a las demandas de la Generalitat, pero pocos compromisos en firme, por culpa de la delicada situación financiera del Estado. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, no arrancaron más que buenas palabras, en sus respectivas reuniones con los ministros , sobre el pago de la deuda que el Gobierno tiene pendiente con Cataluña.

Ambas reclamaron a los colaboradores de Rajoy que el Gobierno pague a la Generalitat los 759 millones de euros que le debe en concepto de infraestructuras no construidas y los 1.450 millones correspondientes al fondo de competitividad.

Pero, aunque la actitud del Gobierno hacia Cataluña ha cambiado tras el relevo en la Moncloa, en el sentido de que Rajoy mantiene el compromiso de atender los planteamientos de la Generalitat, la situación financiera no le permite mucho margen de maniobra. Según explicó Sánchez-Camacho, tras su reunión con el ministro de Economía, Luis de Guindos, el Estado pondrá «especial interés» en saldar sus deudas con Cataluña, pero «hay que tener en cuenta que la situación financiera es muy complicada por la herencia que dejó el PSOE».

Sintonía entre CiU y PP
Tanto los ministros De Guindos y Cristóbal Montoro, titular de Hacienda y Administraciones Públicas, con los que se reunió por la mañana la presidenta del PP catalán, como Sáenz de Santamaría, que tuvo un encuentro a primera hora de la tarde con Ortega, anotaron las reivindicaciones de Cataluña. Sánchez-Camacho reclamó una mejora de la financiación de los ayuntamientos. Exigió que se les concedan mejores condiciones para acceder a los créditos ICO. También pidió que se estudie la posibilidad de que los ayuntamientos catalanes que estén endeudados por encima del 75 por ciento puedan prorrogar sus pólizas con las entidades bancarias, sin más costes e intereses.

Sobre la reestructuración y ordenación bancaria, insistió a ambos ministros en que hay que priorizar que el crédito llegue a las empresas, las familias y los jóvenes emprendedores para agilizar la salida de la crisis. En el PP, confían en que la reestrucuración bancaria como instrumento de integración de Cataluña en España.

Sánchez-Camacho, que continua con su maratón de reuniones con ministros –hoy con las titulares de Empleo y Fomento, y mañana con el de Interior–, exhibió, tal y como pretendía, su papel como puente diálogo entre el Gobierno y Cataluña. Aplaudió la «buena sintonía» que hay entre CiU y PP, y como muestra aseguró que ha hablado con el president Artur Mas y sus consellers antes y después de las reuniones.

Ortega, además de preparar la reunión entre Artur Mas y Mariano Rajoy del miércoles, pidió que se retome la agenda de traspasos pendientes con una nueva reunión de la Comisión bilateral Estado-Generalitat, después de Semana Santa.

Propuestas a los ministros
Ayuntamientos
- La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, reclamó a los ministros de Economía, y Hacienda y Administraciones Públicas que concedan a los ayuntamientos mejores condiciones para acceder a los créditos ICO para mejorar su situación de asfixia financiera.

Traspasos- La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, pidió a Soraya Sáenz de Santamaría que después de Semana Santa se reúna la Comisión Bilateral Estado-Generalitat para retomar la negociación de traspasos pendientes. Reclamó que nombre cuanto antes a los representantes de las comisiones mixtas.

Crédito
- El PP confía en que la reestructuración bancaria servirá como instrumento de integración de Cataluña en España. Así lo hizo saber Sánchez-Camacho, quien pidió a Montoro y De Guindos que prioricen que el crédito llegue a las familias y a los jóvenes emprendedores.

Deuda
- La principal reclamación de Cataluña al Gobierno queda en el aire por culpa «de la delicada situación financiera que el PSOE dejó en herencia». Sánchez-Camacho y Ortega reclamaron el pago de los 759 millones de la disposición adicional tercera, aunque «hay predisposición» para pagar no hay compromiso firme.