La Generalitat ignora al Supremo y no dará «ni un paso atrás» con el catalán

Las recientes sentencias del Tribunal Supremo (TS) han puesto en alerta a la Generalitat porque, en su opinión, son una «amenaza» sobre un modelo que lleva 30 años en vigor.

Estas sentencias instaban a la Generalitat a tomar las medidas necesarias para equiparar el castellano al catalán como lengua vehicular en la enseñanza. Se produjeron a raíz de los recursos de los padres de cinco alumnos de Barcelona y Tarrragona a los que la Generalitat impidió escolarizarse en castellano. La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, restó ayer importancia a estos fallos porque, dijo, sólo afectan a las comunicaciones entre la escuela y las tres familias de cinco alumnos. «En ese sentido la cumpliremos escrupulosamente. Pero la sentencia se permite una serie de consideraciones sobre la proporcionalidad entre lenguas que resultan altamente preocupantes, pero que en ningún caso revocan el modelo», afirmó Rigau.

«El nervio de la nación»
El Supremo dijo, literamente, que el español debe ser «lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria». Pero la Generalitat no se ha dado por aludida en esta sentido y no piensa realizar ningún tipo de rectificación. Al contrario. Su propósito es defender con uñas y dientes el modelo de inmersión lingüística en catalán, una lengua que Rigau definió como «el nervio de la nación catalana».

La consellera de Enseñanza realizó estas declaraciones escoltada por representantes de siete entidades: Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña (FAPAC), el Centro Unesco de Cataluña, el sindicato de maestros USTEC y la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica.

Todas estas entidades ya firmaron un manifesto el pasado mes de diciembre para cerrar filas con el catalán en la escuela y, en pocas semanas, podrían ir más lejos con una iniciativa similar. Ayer se reunieron no únicamente con la consejera Rigau, sino también con el consejero de Cultura, Ferran Mascarell, y el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Todas las partes estuvieron de acuerdo en que hay que hacer piña y actuar conjuntamente.