La bancarrota de las autonomías «ahoga» a la Sanidad

MADRID- Las duras restricciones que el Gobierno está imponiendo a las comunidades para endeudarse o incurrir en un déficit excesivo han vuelto a situar a la Sanidad en el punto de mira de los recortes. El problema de las autonomías es especialmente grave. Todas se encuentran en 2011, año electoral, en la obligación de cuadrar el círculo y lograr un imposible: prestar los mismos servicios a sus ciudadanos con iguales o mayores gastos, y mucho menos dinero en sus presupuestos. Y ello, con los problemas añadidos de que sólo en este área social arrastran un déficit de 15.000 millones de euros, y de que los fondos que le dedican representan casi el 50 por ciento del total.

Sabedores de que las puertas de los mercados financieros se encuentran casi cerradas, los presidentes autonómicos han puesto a sus responsables de Hacienda y Sanidad a echar cuentas. El objetivo es arañar euros extra por medio de tijeretazos adicionales a los que puso en marcha el Gobierno en 2010, sin que se resienta demasiado, al menos en apariencia, la asistencia de los pacientes.

Los más beligerantes
Las iniciativas en este terreno empiezan a proliferar casi en progresión geométrica, rozando, si no invadiendo, competencias que hasta ahora residen en exclusiva en el Estado.

De momento, feudos como Andalucía y Galicia son los más beligerantes y abanderan este movimiento de «rebelión» por la vía de los hechos contra el Ministerio de Sanidad, aunque otros territorios les siguen los pasos. Cataluña, obligada a recortar 4.000 millones para evitar la quiebra, se sumará a la lista.

Andalucía lleva la antorcha de los recortes. Hace días, se descolgó con una resolución que obliga a dispensar desde los hospitales más de 250 presentaciones de medicinas que hasta ahora se daban en las farmacias. Ninguna autonomía había ido tan lejos en este terreno. La finalidad de esta medida es recortar gasto, ya que la Junta se ahorraría el margen que percibían las boticas y podría abonar con mayor demora dichos productos a sus fabricantes. En total, estima que obtendrá por esta vía ocho millones de euros. En líneas generales, los fármacos afectados son caros y destinados a combatir el cáncer y otras enfermedades graves, como las antraciclidas y los citostáticos. La iniciativa arroja otro efecto peculiar: al desaparecer de las farmacias, dichos fármacos dejan de computar en las estadísticas de gasto farmacéutico, pues éstas sólo recogen lo prescrito desde atención primaria.

Andalucía se halla enfrascada también en un proyecto que ha puesto en pie de guerra a las farmacias y a los laboratorios: además de aplicar a las boticas un descuento del 20 por ciento adicional al que puso en marcha el Gobierno en materia de pañales, se propone efectuar licitaciones públicas de los principios activos de las medicinas o «subastas». Esto significa que se adjudicaría a un solo laboratorio la provisión en exclusiva de cada fármaco. Los restantes quedarían excluidos del mercado pese a estar autorizados por el Ministerio de Sanidad.

En Galicia, la Xunta y el Ministerio se encuentran enfrascados en la llamada «guerra del cataloguiño». Se trata de una ley por la que se financia sólo el fármaco más barato de cada principio activo, lo que supone dejar de pagar el resto de las marcas.

Iniciativas diversas
El Gobierno gallego justifica la iniciativa en la situación de bancarrota en que se encuentra la Sanidad por culpa del Ejecutivo de Zapatero y la inacción del Ministerio. Éste ha anunciado un recurso para frenar la aplicación de la norma, pese a exigir ajustes duros a las autonomías. Según la consejera Pilar Farjas, en sólo tres días este tijeretazo ha ahorrado 900.000 euros a las arcas públicas. En cuanto al resto de comunidades, las iniciativas son diversas, aunque algo más tímidas en el terreno farmacéutico, con la excepción de las adoptadas en País Vasco y Cantabria. En ellas, se obstaculiza la labor del médico a la hora de prescribir determinados tratamientos.

Asimismo, numerosas autonomías han metido la tijera en materia de personal. Tras el recorte de sueldos aprobado el pasado año por el Ejecutivo central, las comunidades han empezado a suspender el pago de la carrera profesional a sus sanitarios. Feudos como Galicia también han desactivado las peonadas, los incentivos que perciben los médicos por operar de forma no urgente en horario de tarde.

Hay que recordar que las estadísticas de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) ya auguraban un mal año para el Sistema Nacional de Salud.

Dotación insuficiente
En 2011, España destinará de forma global 1.288,58 euros por ciudadano en materia de sanidad: visitas al médico de familia, adquisición de medicamentos financiados, posibles transplantes e intervenciones quirúrgicas complejas, etc. Una cantidad que disminuye en 55 euros por habitante la presupuestada en 2010. Por otro lado, se ha abierto una profunda brecha entre las autonomías, lo que pone en grave riesgo la equidad y la cohesión sanitaria. Basta con tomar como ejemplo a Baleares, la región que menos fondo dedicará este año, y al País Vasco, la comunidad más generosa. La primera aportará 1.003,32 euros para costear la Sanidad de cada ciudadano, mientras que la segunda destinará 1.563,68 euros.