A pesar de la histórica rebaja de los tipos de interés en 0,25 puntos acordada por el Banco Central Europeo, los mercados financieros no se dieron ayer por aludidos y reaccionaron con desconfianza. En nuestro país, la Bolsa perdió casi un 3% y la prima de riesgo volvió a niveles superiores a los 535 puntos. El hecho de que el Tesoro colocara 3.000 millones de deuda al 6,4% a diez años pone de manifiesto que la financiación sigue por encima de lo deseable y aun de lo sostenible a medio plazo. Dicho en pocas palabras, ha rebrotado la inquietud entre los inversores y se ha disuelto el efecto sedante que tuvo la última cumbre de Bruselas. Es verdad que el Gobierno de Rajoy está llevando a cabo un exigente programa de reformas que le ha proporcionado credibilidad ante los socios comunitarios. Sin embargo, no parece que la seriedad y responsabilidad de las medidas adoptadas, por más que algunas sean dolorosas, sean valoradas en su justa medida por los mercados. El castigo que sufre la deuda soberana o la caída de algunas cotizaciones bursátiles no responden a la realidad objetiva, sino más bien a una difusa desconfianza sobre el futuro. O dicho de otra forma, persisten las dudas sobre la capacidad española de reducir el déficit fiscal al 5,3% comprometido con Bruselas. Y contra esa sospecha no caben retóricas, sólo hechos concretos. A nadie se le oculta que para lograr el objetivo de déficit de este año no basta con los ajustes y ahorros ya realizados. Lamentablemente, los ingresos y la recaudación del Estado han descendido más de lo previsto, en especial la del IVA y la del Impuesto de Sociedades. Si a ello se le añaden unas previsiones de crecimiento negativo del PIB, la conclusión no puede ser otra que ésta: son necesarios nuevos esfuerzos para cumplir con el compromiso fiscal. A eso, precisamente, aludió ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en el campus FAES, al anunciar que las autonomías deberán hacer nuevos recortes en su burocracia y en su denso entramado de empresas públicas. La actitud de algunos gobernantes regionales es de una frivolidad desoladora y de una demagogia suicida. No están a la altura de la dramática encrucijada ni se aperciben de lo mucho que se juegan los ciudadanos en el envite. Por eso, le corresponde al Gobierno de la nación asumir la tarea, por más ingrata que sea, de legislar nuevas medidas de obligado cumplimiento. Iniciativas que permitan un ahorro adicional de 10.000 millones este año y de 30.000 en 2013, tales como la subida de impuestos, la congelación de pensiones, la supresión de una paga extra a los funcionarios, la reducción en la prestación por desempleo, la creación de una central de compras única para toda la Administración y el reajuste de plantillas públicas, entre otras. Son medidas duras y amargas para los afectados, pero no queda otra salida.