El PP-A sitúa el plan de choque de Cospedal como la «hoja de ruta»

SEVILLA- El anuncio de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de poner en marcha un plan de choque para sanear las cuentas públicas y que se sustancia en el ahorro de 1.815 millones de euros, un 20 por ciento del Presupuesto de la región, tuvo ayer eco en Andalucía. Mientras que el PSOE-A y la Junta ven detrás de la tijera castellanomanchega un recorte de servicios sociales, el PP andaluz lo saluda como el ejemplo de austeridad para los tiempos que tocan de dura crisis económica.
En este sentido, la portavoz del PP-A, Rosario Soto, aseguró que el plan de Cospedal tiene que ser «la hoja de ruta» del resto de las comunidades autónomas, incluida Andalucía: «recortes sociales cero y máxima austeridad».
Hay paralelismos entre el plan de choque de Cospedal y el paquete de medidas económicas que viene proponiendo el PP de Javier Arenas en Andalucía para coger por los cuernos el toro de la crisis. El PP-A aboga por la eliminación de la mitad de los altos cargos y de los delegados provinciales, la reducción de 13 a 10 consejerías o el recorte de gastos operativos como los de alquiler de edificios. Sin embargo, Cospedal va aún más allá, pisando varias líneas rojas que hasta el momento no se plantea franquear el líder de los populares andaluces. La presidenta de Castilla-La Mancha suprimirá la oficina del Defensor del Pueblo, con lo que ahorrará unos tres millones de euros; sin embargo, el PP-A ha respondido al PSOE-A en el Parlamento apoyando un aumento de la dotación económica para la institución del Defensor. Arenas, asimismo, ha dicho en reiteradas ocasiones que la Radio Televisión de Andalucía, que supone anualmente 150 millones de euros a las arcas públicas, es «imprivatizable», mientras que Dolores de Cospedal no ha escondido su interés por privatizar el ente público de comunicación y espera una reforma de la normativa a nivel estatal para poder llevarlo a cabo.
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, evitó entrar de lleno en el plan de Cospedal. Lo que sí anunció es que el Presupuesto para la comunidad en el próximo año será «contractivo», aunque priorizando la educación. Era lo esperado, teniendo en cuenta los límites al endeudamiento impuestos por el Gobierno a las comunidades autónomas –del 2,75 por ciento en 2010 y del 1,3 por ciento en 2011– y de las dificultades para ajustarse a estas obligaciones. No hay que olvidar que Andalucía ha consumido en el primer trimestre más de la mitad de todo el déficit permitido para este año. La caída de la recaudación tributaria en términos globales –aunque creciera por encima del 80 por ciento entre enero y marzo debido a la nueva cesta impositiva– y las devoluciones al Estado por la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009 –el Gobierno reclama 4.600 millones de este último año– mantienen contra las cuerdas al Ejecutivo de Griñán, que ya tiene que tener muy avanzadas las cuentas de 2012. A lo largo de octubre es tradición que presente primero la envolvente financiera, es decir, los ingresos y gastos de las cuentas públicas, y posteriormente el Proyecto de Ley de Presupuestos.
No serían las primeras cuentas «contractivas» del Gobierno andaluz, sino las terceras desde que arreció la crisis económica. La Junta cuenta en 2011 con 31.682 millones de euros, 2.000 millones menos que el año anterior (-6,1 por ciento). El Presupuesto de 2011 fue calificado por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, como el de «la recuperación económica y el inicio de una etapa de creación de empleo». A día de hoy, sólo Canarias supera a Andalucía en tasa de paro, con un 29,7%, según la EPA del segundo trimestre.

Auditoría «integral» en Empleo
La portavoz regional del PP, Rosario Soto, anunció ayer que su formación va a solicitar en el Parlamento que la Cámara de Cuentas realice una auditoría «integral» de la Consejería de Empleo, a la que se le multiplican los frentes: la trama de los ERE, la estafa de ayudas europeas, de las partidas para formación y el fraude en la contratación de personas con discapacidad que investiga la Fiscalía del TSJA. La compañía investigada en este último caso, «MKF Center Contact S.L.» ha presentado una querella criminal contra «determinados altos cargos» de la Consejería de Empleo.