Anticorrupción cerca a un diputado socialista por el ERE de Saldauto

La información que ha ido trascendiendo lo coloca cada vez más cerca del ojo del huracán. Y puede que no esté tan lejos el vaticinio que hizo el PP en vísperas de su nombramiento: que sería uno de los parlamentarios más breves de la historia. La Fiscalía Anticorrupción pide, en un escrito entregado al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, del que es titular Mercedes Alaya, que la Consejería de Empleo informe sobre «el cargo, funciones e intervenciones realizadas por quien es identificado como Ramón Díaz» en el ERE de la empresa Saldauto, en el que se registraron tres intrusos.

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en la trama, ya declaró ante la Policía Judicial que junto al actual diputado del PSOE por Sevilla llevaron a cabo la negociación del ERE de 2007 de Saldauto. Díaz Alcaraz ejercía entonces como asesor de la dirección general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo y la estrecha relación con Guerrero era patente. Hasta tenía el despacho al lado del ex director general.

Jesús María Bordallo, directivo de la consultora Vitalia Vida, también declaró que Guerrero y Ramón Díaz le «indicaron» que «había que meter» a dos de los intrusos, pese a que ninguno de ellos formaba parte de la plantilla. Incluso aseguró que el parlamentario del PSOE-A «habló personalmente con él solicitándoselo». En respuesta, Díaz Alcaraz anunció una querella criminal contra Bordallo. Asimismo, en la documentación remitida por la Junta al juzgado número 6 de Sevilla queda documentalmente probado, a través de correos electrónicos, que Díaz Alcaraz, siendo asesor de Empleo, intercedió para la concesión de ayudas a Saldauto con cargo al polémico «fondo de reptiles» (la partida 31.L).

Además, dándose la circunstancia de que entre los socios de Saldauto se encontraba el marido de su ex secretaria cuando Díaz era dirigente de la UGT de Andalucía, según publicó El Mundo. Éste es precisamente uno de los cabos sobre los que sigue la pista Anticorrupción, ya que las diligencias se dirigen a rastrear las subvenciones concedidas a Saldauto. El Ministerio Público pide a la juez que, a su vez, requiera a la dirección general de Trabajo de la Junta la entrega «ordenada y sistemática» de convenios suscritos con la Agencia IDEA o cualquier tipo de soporte de pagos realizado hasta la fecha, así como los protocolos de colaboración o cualquier otro documento que recoja el compromiso de pago de la dirección general.

En este sentido, la Fiscalía detecta en la documentación sobre las prejubilaciones del ERE de 2007 la alusión a una encomienda con la Agencia IDEA del 27 de abril de 2010 que «viene a reemplazar» el polémico acuerdo de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo (con José Antonio Viera entonces al cargo) y el IFA (del que era responsable el ex consejero también imputado Antonio Fernández).

La apreciación de la entrega «ordenada y sistemática de los convenios» va en la línea del auto del 17 de mayo firmado por la juez Mercedes Alaya. La instructora señalaba que la documentación sobre los expedientes de regulación de empleo y las ayudas sociolaborales de 67 empresas remitida por la Junta era «cuanto menos inaudita, pues además de incompleta, carece del menor orden lógico o cronológico».

Los prejubilados no pararán hasta cobrar
El secretario general de UGT-Andalucía, Manuel Pastrana, advirtió ayer de que la próxima semana, si no se aportan soluciones a los prejubilados pendientes de cobrar sus prestaciones, los sindicatos radicalizarán sus protestas. Aún quedan en torno a 2.000 personas que no están recibiendo sus pólizas debido a la quiebra de la aseguradora Apra Leven.En rueda de prensa antes de la celebración del comité regional de UGT-A, Pastrana aseguró que los sindicatos «no están dispuestos a asumir más compromisos verbales» por parte de la Junta de Andalucía, que paralizó los pagos a raíz de la investigación abierta sobre los ERE fraudulentos. Subrayó en este sentido que los prejubilados que han acampado desde hace unos días ante la sede de la presidencia del Gobierno andaluz «no se van a mover de allí hasta que la Junta no les pague íntegramente lo que les debe».Ha denunciado que esos prejubilados, acogidos a ERE subvencionados por la Junta y que habían suscrito sus pólizas con la aseguradora Apra Leven, que ha quebrado, llevan más de seis meses sin cobrar y, a pesar de ello, tienen que pagar a la Seguridad Social.

Es "incalificable"que hace más de dos meses los sindicatos llegaran a un acuerdo con la Consejería de Empleo para el pago a esos aproximadamente 620 prejubilados y todavía no se haya encontrado la fórmula para abonar el dinero.Según Pastrana, la intervención general de la Junta ha paralizado los pagos a ese colectivo porque el sistema de pagos "no es viable", si bien otros 4.000 prejubilados que tenían contraída sus pólizas con otras aseguradoras ya han cobrado.Ha explicado que el hecho de que en un principio UGT no se sumara a la acampada en Sevilla se debió a que creyó en el compromiso de la Junta de que iban a pagar a principios de esta semana, pero al comprobar que no ha sido así se han sumado a la protesta, que también se lleva a cabo en Huelva y Jaén con encierros en las delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo.