25 detenidos en una macroestafa inmobiliaria

Los detenidos, que en su mayoría han sido capturados en la isla de Tenerife, conseguían, gracias a trabajadores infiltrados en otras empresas del sector, listados de ciudadanos alemanes propietarios de derechos de uso de viviendas por turnos en las Islas Canarias. Esta información era usada para ofrecer cantidades muy ventajosas por la supuesta compra de los derechos de uso a sus titulares.

Asimismo, los interesados en materializar la transacción debían antes hacer frente al pago de inexistentes tasas. Los estafadores se presentaban como intermediarios de hipotéticos compradores interesados en la adquisición del derecho del que era titular la víctima. Una vez que ésta era convencida, se producía un intercambio de documentos con los que pretendían dar apariencia de veracidad mediante la intervención de supuestos Notarios o de la propia Agencia Tributaria.

La víctima, convencida de estar ante una operación debidamente garantizada, era requerida entonces a efectuar una serie de pagos a fin de cumplimentar los tramites administrativos imprescindibles para que la operación quede definitivamente cerrada. Estos trámites eran inexistentes, la venta no se producía finalmente y los estafadores desaparecían con las cantidades adelantadas por las víctimas mediante transferencias bancarias o pagos a través de servicios de envío de dinero.

Las primeras pesquisas permitieron comprobar cómo un sólo individuo de origen alemán, que hacía uso de multitud de identidades falsas, abrió cuentas y cobró importantes cantidades procedentes de las transferencias que realizaban las víctimas. Esta información condujo a la identificación del resto de integrantes de la red delictiva, desarticulada con 24 detenciones en Tenerife y una más en Gran Canaria.

No obstante, según ha detallado Interior las funciones dentro del entramado se repartían desde la cúpula del grupo que gestionaba los listados, hasta meros testaferros, pasando por diversos mandos medios encargados del reparto de potenciales víctimas, la gestión de las comunicaciones con las mismas, la supervisión de las cuentas bancarias, la confección de la documentación falsa o el reclutamiento de nuevos miembros.

Además, se han efectuado nueve registros domiciliarios en los que se han intervenido abundante documentación fraudulenta como documentos de identidad falsos o actas notariales falsas, así como multitud de listados de propietarios de derechos de aprovechamiento por turnos, equipos informáticos, faxes, impresoras, instrucciones para mantener conversaciones con potenciales víctimas, y más de 9.000 euros en efectivo.