Aguirre quiere devolver Justicia

MADRID- Durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea, Aguirre respondió así a la pregunta del portavoz de UPyD, Luis de Velasco, sobre la situación de la Justicia en la Comunidad.

La presidenta señaló que su Ejecutivo ha hecho «un esfuerzo presupuestario sin precedentes», con una subida de 150 a 350 millones entre 2003 y 2011, un 230 por ciento más, y aunque esa subida «no está mal», lo cierto es que «con ese incremento no se ha producido una mejora de la eficiencia». Por ello, y al entender que la «duplicación» de competencias entre el Estado y la Comunidad «no ha derivado ningún beneficio» para los ciudadanos, el Gobierno regional va a impulsar una proposición no de ley para devolver las competencias al Estado, aunque mientras eso no se produzca Madrid «seguirá mejorando el funcionamiento de los recursos humanos y materiales» de este sector.

Aguirre recordó, en este sentido, que Madrid es la comunidad que más dinero invierte en Justicia de su presupuesto –un 2,2 por ciento–; el número de funcionarios se ha incrementado un 35 por ciento, 1.770 personas más desde que la Comunidad tiene las competencias; y, además, existen 9,97 funcionarios por cada juez, la cifra más alta de toda España. Con todo, insistió en que estas cifras no se han traducido en mejoras, y por ello pidió a UPyD que respalde la proposición no de ley que va a presentar el PP para impulsar la devolución de estas competencias al Estado.

 «Creo que podemos compartir su partido y el mío el hecho de que la Justicia tiene que tener sus raíces en Gobierno de la Nación», dijo la presidenta al portavoz de la formación magenta, al que indicó que esto debe ser así porque la Justicia tiene «carácter nacional y porque de esta duplicación no se ha derivado ningún beneficio para el ciudadano».

Por otro lado, la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, aseguró ayer que la Comunidad destina cada año casi 50 millones de euros a la justicia gratuita, y señaló que el aumento del 23,4 por ciento de las tarifas que solicitan los abogados del turno de oficio es una petición «inviable» en la actual situación presupuestaria. Plañiol afirmó que el modelo de asistencia «no está en cuestión», pero que hay que analizar para detectar posibles «abusos» por parte de ciudadanos que lo solicitan y que sí disponen de recursos para pagarse sus abogados.