Impulso de regeneración

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La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, compareció ayer por primera vez en el Congreso para dar cuenta, ante los miembros de la Comisión Constitucional, de los proyectos legislativos que el Consejo de Ministros prevé tramitar en este primer periodo de sesiones, de aquí al mes de junio. Aunque no haya habido novedad alguna respecto a lo que el PP ya había anunciado durante la campaña electoral, al hacerlo ayer en sede parlamentaria adquiere el rango de compromiso formal y de obligado cumplimiento. Además, lo avanzado ayer por Sáenz de Santamaría es de capital importancia para la regeneración de las instituciones básicas del Estado, para la credibilidad de la clase política y para el mejor funcionamiento de los organismos públicos. Todas ellas, en suma, interesan a la arquitectura constitucional y de ellas depende que la democracia sea más vigorosa. Es de gran importancia, por ejemplo, que se reforme la Ley del Poder Judicial para que el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General, recobre la verdadera independencia y no sea un trasunto o réplica del poder Legislativo, como así ha sido los últimos 25 años por voluntad del PSOE que nunca confió en una organización judicial independiente. La fórmula que propone el Gobierno de Rajoy es volver al sistema anterior a 1995, cuando 12 de los miembros del CGPJ eran elegidos libre y democráticamente por los jueces y magistrados. Sólo de esta manera se pondrá fin a la utilización partidista del Poder Judicial y a su subordinación al Gobierno de turno. También tiene especial relevancia la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional con el propósito de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para iniciativas de especial trascendencia (estatutos de autonomía) y de reformar el recurso de amparo, de modo que el Constitucional no se convierta en una instancia de casación por encima del Tribunal Supremo, lo que ha dado lugar a innumerables conflictos entre ambos tribunales. Además de retocar la forma de elección de sus miembros para garantizar una mayor independencia, conviene reajustar las funciones del TC a lo que marca la Constitución e impedir que se use como ariete contra el Supremo por meros intereses políticos, como sucedió con la legalización de Bildu. Otra medida que merece apoyo y aprobación es la ley de transparencia, que detallará las consecuencias administrativas y penales para los gestores públicos que vulneren los principios presupuestarios o malgasten los recursos del Estado. Finalmente, es plausible el anuncio de la simplificación de los organismos reguladores y que se renuncie a crear un Consejo de Medios Audiovisuales, no sólo por el ahorro que supone (seis millones de euros al año), sino por su irrelevancia y sinsentido.