Proteger por Cástor Díaz Barrado

La decisión adoptada por el Consejo de Seguridad, el 17 de marzo de 2011, exigiendo a las autoridades libias que cumplieran «las obligaciones que les impone el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, las normas de derechos humanos y el derecho de los refugiados», y que adoptasen «todas las medidas necesarias para proteger a los civiles, satisfacer sus necesidades básicas y asegurar el tránsito rápido y sin trabas de la asistencia humanitaria» y, al mismo tiempo, la decisión de que los Estados y organizaciones internacionales quedaban autorizados a adoptar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles, supone una aplicación práctica de lo que se ha denominado la responsabilidad de proteger en el Derecho Internacional. Los derechos humanos se han convertido en vector imprescindible que recorre el conjunto de las relaciones internacionales y, también, la limitación de la soberanía de los Estados es una realidad. El respeto de los derechos humanos supone un límite al ejercicio de los derechos soberanos. Los Estados deben proteger y garantizar la vida, la integridad y las condiciones básicas de sus ciudadanos y, si no lo hicieran, la comunidad internacional se ocuparía de ello por todos los medios a su alcance, incluidas las sanciones. Esta es la esencia de la responsabilidad de proteger. La incorporación de esta responsabilidad, compartida por lo Estados y la comunidad internacional, es un avance en la conformación de un mundo más seguro y estable y, sobre todo, ofrece garantías de que la sociedad internacional es menos caótica e insolidaria. Pero el ejercicio de esta responsabilidad no puede ser selectivo. La situación que está aconteciendo en Siria presta una nueva oportunidad para que se activen sus efectos. En Siria se dan, desde hace tiempo, todos los componentes que permitirían una nueva puesta en práctica de la decisión de proteger. Está claro que el Gobierno sirio no protege a sus ciudadanos y está claro que la comunidad internacional se encuentra paralizada a la hora de asumir las labores que le corresponden. La decisión final está sólo en las manos del Consejo de Seguridad, último garante de la responsabilidad de proteger. Es urgente, por tanto, que los aliados del Gobierno sirio recapaciten para que no se agrave la crisis humanitaria en Siria y, sobre todo, para que se restablezcan los criterios políticos que fueron tenidos en cuenta, por los Estados y el conjunto de la comunidad internacional, en el conflicto de Libia. No se pueden crear precedentes que debilitarían los avances que viene experimentando la sociedad internacional en la defensa de los derechos humanos. Si no se hace, si no se decide poner fin a la violación de los derechos humanos en Siria, la derrota y el fracaso del derecho internacional y de la convivencia internacional estarán garantizados.