Una cita clave en Cataluña

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Cataluña empieza el curso con la mirada puesta en su principal examen: las elecciones autonómicas que tendrán lugar el 28 de noviembre, cuatro años justos después de que José Montilla tomara posesión como presidente de la Generalitat. Pero no se trata de unos comicios que sólo interesen a los catalanes, sino que también incumben al resto de los españoles por obvias razones políticas, económicas e institucionales. Tras ocho años gobernada por una coalición de izquierdas e independentistas, la comunidad catalana se enfrenta a un cambio de ciclo que va más allá del presumible regreso de CiU al Palau de la Generalitat para afectar al modelo de sociedad y a la convivencia. La coyuntura es especialmente delicada: aguda crisis económica, desafección política de la ciudadanía a causa de unos dirigentes desacreditados, aumento sin control ni adaptación de inmigrantes, creciente fracaso escolar y un sinnúmero de conflictos derivados del malogrado Estatuto que, lejos de favorecer el encaje institucional, ha exacerbado las tensiones. Ante este escenario altamente volátil, sería demoledor que los partidos y sus dirigentes no enmendaran la forma de hacer política y se entregaran a una campaña barriobajera, pasional y demagógica, dando así alas a los tres principales enemigos de los catalanes: el abstencionismo ciudadano, fruto de la decepción; el abusivo intervencionismo gubernamental, que asfixia a la sociedad abierta; y el separatismo político, que envenena la convivencia entre los propios catalanes y con el resto de los españoles. Los políticos de Cataluña se engañan a sí mismos cuando ocultan la creciente distancia que les separa de los ciudadanos y aprueban normas que apenas si son demandadas o apoyadas por ellos. Un ejemplo nítido es el Estatuto: pese a que su reforma sólo la pedía una ínfima minoría, se embarcaron en una aventura que ha terminado mal y, para colmo, sin el apoyo de la gran mayoría del censo electoral, dudosa representatividad que los dirigentes se han empeñado en ocultar para no reconocer su propio fracaso. Pues bien, el cambio de ciclo que se aproxima también debe conllevar un cambio de gestión en las relaciones del Gobierno catalán con el Gobierno de la nación basado en las relaciones constructivas, el sosiego institucional y la solidaridad interregional. Las reglas del juego, establecidas en la Constitución y garantizadas por el Tribunal Constitucional, están para cumplirse con lealtad, no para burlarlas mediante subterfugios y argucias. En este envite se pone en juego la prosperidad del conjunto de España, pero en especial de los catalanes, cuyas principales preocupaciones no son los experimentos soberanistas, sino el paro, la formación de las nuevas generaciones, la competitividad, el sistema de bienestar y el reto inmigratorio. Todos los dirigentes políticos han coincidido en que Cataluña se enfrenta a unas elecciones históricas. Pues bien, es de esperar que hagan honor a esa cita con la historia y estén a la altura. O cuando menos, que actúen con lealtad a los ciudadanos y lealtad constitucional, que es lo mínimo que se le debe exigir a todo servidor público.